Ángelo Rodríguez, miembro de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), advirtió sobre las consecuencias que podría tener la entrada libre de aranceles del arroz estadounidense para el sector arrocero dominicano, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Rodríguez explicó que, en los últimos 20 años, el sector arrocero dominicano disfrutó de un período de protección que está llegando a su fin, lo que permitirá el ingreso de arroz de EE. UU. sin impuestos de importación. Destacó que los productores norteamericanos poseen ventajas competitivas, como grandes extensiones de terreno, avances tecnológicos y subsidios, lo que les permite producir a costos significativamente más bajos.

Como ejemplo, mencionó que una libra de arroz en Estados Unidos se comercializa entre 20 y 22 pesos dominicanos, mientras que en el mercado local su precio oscila entre 40 y 45 pesos, dependiendo de la calidad. Esta diferencia de precios podría impactar negativamente a los productores dominicanos.

El representante de la ACIS indicó que esta situación representa una amenaza para más de 330 mil familias que dependen de la agricultura y para alrededor de 30 mil productores de arroz, quienes podrían enfrentar dificultades económicas e incluso la quiebra sin medidas adecuadas.

A pesar de reconocer los esfuerzos del Gobierno para proteger la producción nacional, consideró que las acciones hasta ahora son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sector. Hizo un llamado a las autoridades para convocar una mesa de negociación que incluya a todos los sectores relacionados con la producción y comercialización de arroz.

Rodríguez enfatizó que, si el país importa más arroz del que demanda el mercado, esto provocaría una caída de precios que afectaría a los productores locales, quienes enfrentan costos de producción más altos que sus competidores extranjeros.

Finalmente, reiteró que la ACIS está preocupada por el futuro de la producción arrocera nacional y subrayó que las soluciones deben ir más allá de medidas temporales, implementando políticas públicas sostenibles que aseguren la continuidad de este sector clave en la economía agropecuaria dominicana.