Un antiguo asesor socialista, Koldo García, se encuentra en medio de un juicio por corrupción en Madrid, donde negó cualquier vínculo de Pedro Sánchez con la presunta trama de comisiones ilegales.
Esta declaración se produce después de que un empresario acusado, Víctor de Aldama, señalara al presidente del Gobierno español como el «número uno» del entramado.
García, al ser cuestionado sobre si consultaba con Sánchez, respondió de manera contundente.
García afirmó: «Yo no hablaba con el presidente del Gobierno», insistiendo en que no había comunicación entre ellos en relación con la causa.
Rechazó la acusación de De Aldama, quien lo había señalado como un supuesto representante de Sánchez en la trama, afirmando que «no es cierto» que hubiera recibido llamadas del presidente.
Este caso representa un creciente foco de presión política para Sánchez y su partido, en un contexto donde otras investigaciones judiciales afectan a su entorno cercano, incluyendo a su esposa y su hermano. Estas circunstancias han reavivado el debate sobre el grado de conocimiento que tenía el presidente sobre las acciones de sus antiguos colaboradores.
Cargos y contexto del juicio
García se sienta en el banquillo junto a De Aldama y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, con quien tuvo una estrecha colaboración.
Ábalos es considerado la figura más relevante del juicio, habiendo sido uno de los hombres de mayor confianza de Sánchez y un actor clave en su ascenso dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Los acusados enfrentan serios cargos por el presunto reparto de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
También se les imputa la adjudicación de contratos públicos a cambio de mordidas, lo que ha generado un ambiente de inquietud en el ámbito político.
El tribunal esperaba concluir las declaraciones esta semana, pero la duración de los interrogatorios ha llevado al Tribunal Supremo a reservar sesiones adicionales para el lunes y martes próximos, donde se espera el testimonio de Ábalos.
La prolongación del juicio refleja la complejidad del caso y la importancia de los testimonios en el desarrollo del mismo.
Durante su declaración, García negó haber inflado los pedidos de material sanitario con el fin de obtener beneficios personales, argumentando que su intención era buscar el material necesario para la situación.
«Lo que hice era intentar buscar material sanitario», explicó, refiriéndose a un pedido que pasó de cuatro a ocho millones de mascarillas.
Ábalos y García se encuentran en prisión preventiva y se declaran inocentes de los cargos que enfrentan.
La fiscalía ha solicitado penas de 24 y 19 años de cárcel para ellos, mientras que De Aldama, quien colabora con la investigación, se enfrenta a una posible condena de siete años de prisión.

