Los abogados Ybo René Sánchez Díaz y Manuel Sierra afirmaron este jueves que el proceso judicial contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, es parte de una “trama política disfrazada de jurídica” y aseguraron que el expediente presentado por el Ministerio Público carece de pruebas directas que lo vinculen con hechos ilícitos.

Durante declaraciones sobre el caso denominado “Calamar”, los juristas sostuvieron que la acusación presenta “vicios y defectos” similares a otros procesos relacionados con presunta corrupción administrativa en los últimos años. Calificaron el expediente como “sobreabundante” en documentos y narraciones, argumentando que muchas de las pruebas no están relacionadas con delitos penales ni comprometen directamente al exfuncionario.

“Conforme a lo que hemos visto en la acusación, no hay una sola prueba vinculante que sindique directamente al señor José Ramón Peralta”, expresó el exfiscal Ybo René Sánchez Díaz, quien indicó que las imputaciones carecen de sustento probatorio suficiente para llevar el caso a juicio de fondo.

Los abogados también consideraron que el uso de nombres de animales para identificar expedientes judiciales es una violación a la dignidad de los imputados, citando la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional, que ordena cesar esa práctica.

Defendieron la trayectoria empresarial y pública de Peralta, afirmando que antes de ocupar funciones en el gobierno gozaba de “reconocimiento y honorabilidad” en la sociedad dominicana. Además, denunciaron una supuesta persecución política contra exfuncionarios del pasado gobierno, señalando que desde 2020 se habrían organizado acciones para desacreditar figuras vinculadas al expresidente Danilo Medina.

Criticaron lo que calificaron como un uso excesivo del sistema judicial y del Ministerio Público para “afectar el buen nombre y la presunción de inocencia” de los imputados. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público realizó una exposición “profusa y confusa”, mientras que Peralta aprovechó el escenario judicial para defender su honorabilidad y rechazar las acusaciones en su contra.

El proceso judicial contra el exministro forma parte del expediente conocido como caso “Calamar”, que investiga presuntos actos de corrupción administrativa por parte del Ministerio Público.