Los abogados de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), defienden su inocencia en un caso de estafa al Estado, argumentando que no hubo tal estafa y que el Ministerio Público ha «armado» un caso para perjudicarlo políticamente debido a su desempeño en las elecciones de 2020.
La defensa sostiene que los señalamientos del órgano acusador se centran en libramientos de pagos por tierras expropiadas y contratistas durante el Gobierno de Danilo Medina. Laura Acosta, quien lidera el equipo legal, afirmó que el Estado debe compensar a los propietarios de las tierras utilizadas para obras públicas, y que el dinero en cuestión no es propiedad del Estado.
Acosta también se refirió al programa de financiamiento de contratistas, que supuestamente costó más de 21,000 millones de pesos a los contribuyentes. Aseguró que el expediente fue inflado al incluir todas las deudas pendientes con contratistas, incluso aquellos que están actualmente trabajando.
En relación con las acusaciones de extorsión a las bancas de loterías, la defensa argumentó que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba en proceso de regularizar las operaciones de estas bancas y no extorsionándolas. Acosta explicó que la acusación menciona a empleados de la Dirección de Casinos que amenazaban a los propietarios de las bancas, pero solo uno de ellos fue imputado.
Defensa de Castillo y acusaciones del Ministerio Público
Los abogados de Castillo, incluyendo a Nassef Perdomo y Luis Rivas, consideran que la acusación tiene un trasfondo político, señalando que el exministro es víctima de un proceso judicial infundado. «La razón por la que Gonzalo Castillo está en este proceso es porque obtuvo un porcentaje alto de votos en el proceso electoral del 2020», afirmó Perdomo.
Rivas añadió que el proceso judicial ha afectado a Castillo, quien enfrenta acusaciones sin pruebas suficientes. La defensa también criticó al Ministerio Público por no investigar a otros candidatos que supuestamente incurrieron en prácticas similares de financiamiento no declarado ante la Junta Central Electoral.
Los abogados acusaron al Ministerio Público de presentar pruebas falseadas, como la donación de un empresario que sí estaba registrada en la declaración de campaña de Castillo. Esta donación ascendió a un total de 20 millones de pesos en varias partidas, según la defensa.
A pesar de las críticas, los abogados no creen que el presidente Luis Abinader esté involucrado en las investigaciones, aunque Perdomo aseguró que el Ministerio Público actúa con un enfoque político. La defensa también cuestionó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez, quien favoreció a Castillo con un no ha lugar en la primera resolución del caso.
