Desde 1992, la República Dominicana ha seguido una lógica fiscal que se basa en aumentar impuestos, ampliar gravámenes o recurrir al endeudamiento cuando el Estado necesita más recursos. A pesar de más de tres décadas aplicando esta fórmula, el país enfrenta problemas estructurales como un déficit fiscal permanente, un crecimiento sostenido de la deuda, elevada evasión, alta informalidad y una economía dependiente de exenciones e incentivos especiales.
La cuestión fundamental es por qué, a pesar de haber recaudado más, persisten estos problemas. La respuesta radica en que el desafío dominicano no solo es de ingresos, sino también de diseño fiscal.
Estructura tributaria y de gasto
Se ha sostenido que más gasto público y recaudación generan desarrollo, pero la evidencia sugiere que el crecimiento sostenible proviene de una economía productiva, no de un Estado más grande. La riqueza no se genera a partir de impuestos, sino que los impuestos son el resultado de la riqueza.
Es notable que la República Dominicana mantenga una tasa corporativa del 27%, superior a la de países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, que cuentan con sistemas de bienestar amplios. Estas naciones han comprendido que penalizar excesivamente la inversión limita la capacidad de generar empleos, innovación y crecimiento.
Además de una estructura tributaria poco competitiva, el país enfrenta un gasto público desequilibrado. La inversión en infraestructura, educación técnica y tecnología crea activos que aumentan la productividad, mientras que destinar una mayor proporción del presupuesto a gasto corriente y burocracia consume riqueza sin generar nueva capacidad productiva.
Propuestas para la formalización y reforma fiscal
La situación se agrava cuando el endeudamiento se utiliza para financiar gasto corriente en lugar de inversión de capital, lo que genera dependencia. Por lo tanto, el debate debe centrarse no solo en cuánto recauda el Estado, sino en cómo utiliza esos recursos.
Otro problema crítico es la informalidad, ya que más de la mitad de los trabajadores dominicanos está fuera del sistema formal. La formalización debe ser vista como una oportunidad, proponiendo un monotributo simplificado que facilite la incorporación de pequeños negocios al sistema formal, con incentivos como acceso preferencial a créditos.
Para reducir la informalidad, es esencial que entrar al sistema formal sea atractivo. La República Dominicana necesita una reforma integral basada en cinco pilares: reducir gradualmente el Impuesto Sobre la Renta corporativo al 22%, disminuir el ITBIS, implementar un monotributo moderno, revisar las exenciones existentes y establecer una disciplina presupuestaria que priorice la inversión de capital.
Si el país continúa acumulando déficits, aumentando la deuda y manteniendo altos niveles de evasión e informalidad, comprometerá el futuro de las próximas generaciones. La República Dominicana aún tiene la oportunidad de corregir su rumbo, pero no a través de más impuestos, sino construyendo un sistema más simple y competitivo que fomente el crecimiento.
El verdadero objetivo de la reforma fiscal debe ser crecer más, no recaudar más, ya que esta diferencia puede definir el futuro económico de la nación en las próximas décadas.
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