La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el registro de firmas encuestadoras y la publicación de encuestas electorales presenta “vicios” legales que podrían afectar derechos fundamentales. La crítica fue realizada por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien cuestionó la autoridad del órgano electoral para prohibir la publicación de sondeos fuera de los períodos de campaña.

Finjus argumentó que el análisis técnico de la entidad concluye que la JCE debe limitar su potestad reglamentaria al desarrollo de las leyes existentes, sin sustituirlas o contradecirlas, especialmente en lo que respecta a derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Según la Ley 20-23, la única prohibición expresa es la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las votaciones, por lo que extender esta restricción mediante un reglamento podría invadir competencias del Congreso Nacional.

Impacto en la información electoral

La organización también alertó sobre una posible “asimetría informativa”, señalando que los partidos políticos y sectores con mayores recursos podrían seguir utilizando encuestas internas, mientras que la ciudadanía tendría un acceso limitado a información relevante para formarse una opinión política. Esta situación podría generar un desequilibrio en el acceso a información durante el proceso electoral.

Ante esta controversia, Finjus instó a la JCE a realizar cualquier modificación relacionada con las encuestas electorales a través de una reforma legislativa formal ante el Congreso Nacional. Esto permitiría un debate amplio que incluya la participación de partidos políticos, academia, medios de comunicación y sociedad civil, garantizando así un proceso más transparente y equitativo.