El reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la publicación de encuestas ha generado controversia entre partidos políticos, juristas y sociólogos en la República Dominicana. La normativa busca prevenir la propaganda a destiempo y asegurar igualdad en la competencia electoral, aunque algunos sectores, como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la consideran extemporánea.

Varios representantes de organizaciones políticas respaldan la medida, argumentando que contribuye a la regulación de actividades políticas fuera del período electoral. Sin embargo, críticos advierten que el reglamento podría vulnerar derechos constitucionales, como la libertad de expresión y la libertad de empresa. El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, defendió la facultad del órgano para regular estas actividades y anticipó que el debate podría llegar al Tribunal Constitucional.

Opiniones encontradas

Rosario señaló que la discusión sobre el reglamento es positiva, ya que involucra la regulación de derechos fundamentales. A su juicio, todos los derechos deben ser equilibrados con su regulación, y exhortó a los partidos de oposición a apoyar la decisión de la JCE. Por su parte, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, consideró inapropiadas las críticas hacia la JCE, argumentando que atacar a un órgano constitucional afecta la institucionalidad democrática.

El delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, también respaldó el reglamento, señalando que muchas encuestas se han convertido en herramientas de propaganda en lugar de cumplir una función técnica. En contraste, Pedro Martínez de Alianza País advirtió que la difusión temprana de encuestas contribuye a un ambiente electoral constante, favoreciendo a los partidos mayoritarios.

Durante la discusión del reglamento, el delegado del PLD, Danilo Díaz, sugirió la creación de un «contrato» que limite el uso de encuestas a fines no propagandísticos. Los juristas han criticado el reglamento, como el abogado Julio Cury, quien argumentó que presenta «vicios sustanciales» que comprometen su validez constitucional. Cury destacó que las sanciones impuestas por la JCE no están contempladas en las leyes electorales vigentes.

Olivo A. Rodríguez Huertas también expresó preocupaciones sobre la inconstitucionalidad del reglamento, mientras que el sociólogo José del Castillo Pichardo lo calificó como una violación de la legislación electoral y de principios constitucionales. La JCE, en defensa de su normativa, argumentó que busca garantizar la equidad en la competencia política y el respeto a los plazos establecidos en la legislación electoral.

La JCE reconoce el derecho de los actores políticos a contratar empresas encuestadoras registradas, pero enfatiza que esta prerrogativa debe ejercerse en armonía con otros principios del régimen electoral. La difusión de encuestas fuera de los períodos permitidos podría generar ventajas indebidas para ciertos actores políticos.

El 5 de junio de 2025, la JCE realizó una audiencia pública con representantes de partidos políticos y firmas encuestadoras, quienes presentaron sus consideraciones sobre el reglamento. Tras concluir el período de consultas, el órgano electoral analizó las propuestas recibidas antes de emitir la normativa.