El Gobierno de Cuba anunció este lunes el indulto de 2,010 presos, como parte de un gesto humanitario en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. Este indulto, publicado en la Gaceta Oficial, es el quinto desde 2011 y ha beneficiado a más de 11,000 personas en total. El decreto fue firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel el pasado 2 de abril.
El Decreto Presidencial 1212 establece la «excarcelación total y definitiva» de los sancionados, considerando «las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena». En un anexo del decreto, se incluye una lista con los nombres de los indultados, el número y año de las causas judiciales, así como el tribunal que los juzgó.
Entre los 2,010 beneficiados se encuentran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, aquellos que están próximos a cumplir su libertad anticipada, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Sin embargo, se excluyeron del indulto a personas condenadas por delitos graves como «agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia».
Este indulto representa la segunda excarcelación de personas privadas de libertad en el presente año. El pasado 12 de marzo, el Gobierno cubano había informado sobre la liberación de 51 presos, quienes habían cumplido «una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión». Esta decisión se enmarcó en un contexto de buena voluntad entre el Estado cubano y el Vaticano.
La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, reportó que solo ha podido confirmar un preso político entre los 2,010 indultados. Anteriormente, esta organización había indicado que de los 51 liberados en marzo, 27 eran presos políticos, muchos de ellos involucrados en las protestas del 11 de julio y condenados por delitos como desórdenes públicos y sedición.
Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio de un diálogo entre el Gobierno cubano y representantes de la Administración estadounidense. Este contexto resalta la complejidad de la situación de los derechos humanos en la isla y la atención internacional que genera.
