La Policía Nacional de la República Dominicana ha reportado la muerte de 93 presuntos delincuentes en lo que va del año, en incidentes catalogados como «intercambios de disparos». Esta cifra ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de estas acciones, cuestionando si se trata de una defensa legítima por parte de los agentes o si encubren ejecuciones extrajudiciales.

Las autoridades defienden que estos intercambios se justifican bajo la figura legal de la legítima defensa, argumentando que los agentes deben repeler agresiones de individuos armados o vinculados al crimen organizado. Según el Código Procesal Penal, se exime de responsabilidad penal a los policías que utilizan su arma para protegerse o proteger a otros en situaciones de resistencia violenta.

El tema de los «intercambios de disparos» es complejo y requiere un análisis profundo. La ley establece que no hay delito cuando se actúa en legítima defensa, lo que plantea la posibilidad de que se utilicen estas justificaciones para encubrir crímenes. Es fundamental que se priorice la vida de las personas y que cualquier acusación sea llevada ante los tribunales para su debido proceso.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16 regula el uso de la fuerza, estableciendo que esta debe ser la última opción y solo permitida en situaciones de peligro extremo. Esto plantea interrogantes sobre cómo se determina la existencia de una amenaza y si realmente se están siguiendo los protocolos adecuados en cada caso.

Los informes oficiales tras estos incidentes suelen limitarse a los datos de los fallecidos, alegando que las muertes son el resultado de una planificación estratégica contra el crimen. Esto lleva a cuestionar el verdadero papel de la policía: ¿deben proteger a la ciudadanía o están facultados para vulnerar derechos sin orden judicial?

A pesar de que en algunos casos la policía ha actuado en legítima defensa, hay numerosas denuncias de familiares que contradicen las versiones oficiales. Estas discrepancias generan desconfianza en la ciudadanía y evidencian la necesidad de una investigación exhaustiva en cada caso.

La sociedad civil está alarmada ante la posibilidad de que el crimen organizado infiltre las instituciones policiales, lo que crea un ambiente de indefensión y desconfianza. A lo largo de la historia, se han llevado a cabo depuraciones internas que han resultado en arrestos de policías por colaborar con el narcotráfico, pero la recurrencia de estos hechos sugiere que aún queda mucho por hacer.

Es esencial que cada muerte a manos de un agente de seguridad sea investigada bajo la presunción de homicidio. La fiscalía debe recolectar evidencias y testimonios para determinar si el uso de la fuerza fue justificado o excesivo. Si se comprueba que el agente actuó dentro de los protocolos, la investigación puede cerrarse sin cargos, pero si se determina que hubo abuso, debe ser procesado.

En conclusión, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades debe cumplir con principios de legalidad y proporcionalidad. Si no es así, se corre el riesgo de caer en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, lo que requiere una investigación independiente y transparente para garantizar la justicia.