La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó que entre 2020 y 2025, se detuvieron 181,945 personas, tanto dominicanos como extranjeros, en operativos contra el narcotráfico, y se incautaron 147,229.45 kilogramos de drogas. En total, el dinero decomisado durante este período asciende a RD$631.8 millones, según la tasa de referencia del Banco Central del 19 de marzo de 2026.

Las mayores incautaciones de dinero se registraron en 2020 y 2021, con RD$298.3 millones y RD$173 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2022, la cifra cayó a RD$28.5 millones, aunque se recuperó a RD$50.3 millones en 2023, antes de descender nuevamente a RD$45.1 millones en 2024 y RD$36.5 millones en 2025.

Resultados Judiciales

El promedio anual de detenciones fue de 30,324, pero solo se registraron 2,544 decisiones judiciales entre 2024 y marzo de 2026, de las cuales 1,508 resultaron en condenas, representando el 59% del total. Los restantes 1,036 casos incluyeron absoluciones, acuerdos y otras resoluciones.

Hasta septiembre de 2025, se extraditaron 170 personas y 72 fueron deportadas, según cifras presentadas por el presidente Luis Abinader. Sin embargo, los datos sobre el tiempo que los expedientes permanecen en el sistema judicial y cuántos llegan a juicio son inciertos.

Controversias sobre Recursos Incautados

La creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) llevó a la transferencia de RD$2,655.5 millones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en noviembre de 2025. De esta suma, el 10% se destinará a la operatividad del Incabide, mientras que el 90% se transfirió al Estado a través de la Cuenta Única del Tesoro.

A pesar de que la Ley 168 de 1975 establecía que parte de los recursos de operativos antidrogas debía destinarse a la rehabilitación de drogadictos, esta disposición no se ha cumplido. La Ley 50-88 de 1988 y la Ley de Lavado de Activos (72-02) de 2002 también establecieron porcentajes específicos para el uso de estos fondos, pero posteriormente fueron modificadas por la Ley 60-23.

Organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de adicciones, como Casa Abierta, han denunciado que los recursos provenientes de bienes incautados no han sido distribuidos conforme a lo estipulado en la legislación. Reclamaron que el Ministerio de Hacienda detalle el uso de estos fondos y las instituciones beneficiadas.

Según información del Incabide, la mayor parte de los recursos transferidos proviene de casos de corrupción relacionados con exfuncionarios del gobierno anterior, sumando RD$2,095.8 millones. Este monto incluye RD$33.8 millones vinculados a exministros y RD$2,000 millones decomisados al empresario Maxy Gerardo Montilla.