Los alojamientos de renta corta en la República Dominicana han experimentado un crecimiento notable, pasando de 17,456 en 2018 a 56,973 en 2025, lo que representa un aumento del 226.4%. En contraste, las unidades hoteleras tradicionales solo incrementaron su número en un 12.2% durante el mismo período.
Este crecimiento en la oferta de renta corta se ha convertido en una opción popular para los visitantes, quienes valoran estas propiedades tanto para su estadía como para inversión. Según el Ministerio de Turismo (Mitur), el número de habitaciones de renta corta subió de 42,093 en 2018 a 136,338 en 2024, lo que equivale a un alza acumulada del 223.9%.
El año 2023 fue el más significativo, con la adición de 20,316 nuevas habitaciones de renta corta en solo un año. Este crecimiento contrasta marcadamente con el aumento de las habitaciones hoteleras, que solo pasó de 84,056 a 94,309 en el mismo lapso, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
La rápida expansión de los alojamientos de renta corta se produce en un contexto donde aún no existen regulaciones claras en términos de registro, fiscalidad y seguridad. Se estima que el número real de habitaciones de renta corta podría ser aún mayor. Durante un foro reciente, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, mencionó que hay más de 142,000 habitaciones de renta corta distribuidas en aproximadamente 60,000 propiedades.
Este crecimiento está relacionado con un aumento en la inversión en este tipo de alojamiento, facilitado por plataformas digitales como Airbnb y Booking, que han revolucionado la comercialización de estos alquileres en los polos turísticos del país. La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, destacó que los proyectos de renta corta complementan la oferta en segmentos de mercado especializados.
En respuesta a esta expansión, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está trabajando en un mecanismo para implementar un cobro de hasta 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las plataformas digitales que operan en el país. Esta medida podría ser discutida en los próximos 60 días, marcando un posible avance en la regulación de este modelo de negocio en la República Dominicana.
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