El posible hundimiento del proyecto de ley contra la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia ha generado preocupación entre los colectivos que luchan por su erradicación, ya que la falta de un último debate antes del cierre de la legislatura impide avanzar en medidas de prevención. Entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos de MGF en el país, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas.

A pesar de que Colombia reconoció la existencia de la MGF hace casi 20 años, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que no se han tomado medidas contundentes para prevenir y erradicar esta práctica. En una carta dirigida al Senado, catorce colectivos hicieron un llamado urgente para que el proyecto sea debatido antes del cierre de la actual legislatura, ya que de no ser así, tendría que ser presentado nuevamente en el nuevo Congreso que inicia labores el 20 de julio.

Consecuencias de la MGF

Leandra Becerra, abogada de Equality Now para América Latina y el Caribe, explicó que el eventual hundimiento del proyecto enviaría «mensajes muy dolorosos y graves», indicando que el Congreso «le falla a las lideresas indígenas y a las comunidades que han decidido elaborar diferentes estrategias para erradicar la MGF en sus territorios».

La MGF incluye procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer, y se practica principalmente en niñas de entre 0 y 15 años, según datos de Unicef. Organismos internacionales la consideran una violación grave de los derechos humanos debido a las consecuencias físicas y psicológicas que puede acarrear.

Entre los efectos inmediatos se encuentran hemorragias, infecciones y dolor intenso, y en los casos más severos, la muerte. También puede provocar complicaciones obstétricas y trastornos psicológicos como depresión y ansiedad. Becerra destacó que la MGF es una violación al derecho a la salud sexual y reproductiva, sin beneficios para las niñas y mujeres.

En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la MGF en las Américas, reconociéndola como un problema urgente y subrayando la responsabilidad de los Estados de adoptar marcos normativos robustos para abordar esta problemática.

Las organizaciones resaltaron que el proyecto de ley no busca crear un nuevo delito, sino establecer estrategias que promuevan la educación y el trabajo conjunto con las comunidades. La aprobación de la ley sería una medida concreta para proteger la vida y dignidad de niñas y adolescentes.

Por ello, insistieron en que el Senado tiene «la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva» y evitar que este avance se pierda por falta de acción.