La ley No. 340-22 de extinción de dominio permite que el Estado inicie un procedimiento judicial para extinguir la propiedad de motores utilizados en delitos, como el transporte de personas para actividades ilícitas. Esta medida busca enfrentar el alto número de propietarios de motores que cometen hechos delictivos, retirando legalmente su propiedad por el mal uso que le dan.

Según la ley, el procedimiento de extinción de dominio se aplica a la propiedad obtenida ilícitamente o utilizada de manera contraria a su función social. Esto significa que, aunque el proceso no es penal, puede coexistir con acciones legales contra los individuos involucrados.

Función social de la propiedad

El artículo 51 de la Constitución establece que la propiedad debe usarse en beneficio del interés común, no solo para satisfacer necesidades individuales. La magistrada Keila González enfatiza que el derecho de propiedad no debe ser visto de manera individualista, sino que debe cumplir con una función social.

La jurisprudencia constitucional respalda esta visión, señalando que la propiedad conlleva obligaciones y justifica la imposición de límites en su ejercicio. El Tribunal Constitucional ha indicado que el derecho de propiedad incluye tanto la utilidad individual como su función social.

El profesor de derecho de la UASD, José Miguel Vásquez, destaca que la extinción de dominio es una herramienta legal que limita el derecho de propiedad y combate el delito y el crimen organizado. Esto implica que cualquier propietario de un motor que lo utilice para actividades delictivas puede ser objeto de este procedimiento.

En resumen, los propietarios de motores que los empleen para conductas ilícitas son candidatos legítimos para la aplicación de la extinción de dominio, permitiendo al Estado declarar extinguido su derecho de propiedad. Esta acción busca proteger bienes jurídicos como la vida y la integridad de las personas, asegurando que el uso de la propiedad esté alineado con el bienestar social.