Amnistía Internacional (AI) denunció la crisis humanitaria y la violencia en Haití, donde en los primeros tres meses de 2023 al menos 1,642 personas murieron y 745 resultaron heridas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh). La organización alertó sobre la brutal violencia de las bandas criminales y el deterioro de la vida de millones de personas, especialmente mujeres y niños.

En una entrevista con EFE, Ana Piquer, directora para las Américas de AI, destacó que Haití enfrenta un contexto de violencia en el que las pandillas cometen abusos que incluyen asesinatos, violencia sexual y ataques a hospitales y escuelas. Las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas en este periodo, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69 % de los muertos y heridos, incluyendo a numerosos civiles y niños.

Aproximadamente 5.8 millones de haitianos, es decir, un 52 % de la población, sufren niveles de crisis o superiores en materia de inseguridad alimentaria. Además, el número de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1.4 millones, un nivel sin precedentes según organismos internacionales.

La violencia prolongada de las bandas armadas ha llevado a que muchos servicios básicos se reduzcan significativamente, afectando la educación y la salud. Piquer enfatizó que esta situación ha creado una «emergencia humanitaria que hay que atender», especialmente para los niños, quienes han visto su infancia gravemente afectada.

A pesar de la gravedad del panorama, la respuesta internacional no ha logrado resolver la crisis en Haití. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada por las Naciones Unidas en 2025, aún no ha sido desplegada, y su predecesora, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), no tuvo los resultados esperados.

Piquer exigió transparencia en el funcionamiento de la GSF, incluyendo claridad sobre los mecanismos de rendición de cuentas y las reglas de uso de la fuerza. Aseguró que es fundamental garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.

La representante de AI también criticó el uso de drones armados por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y sus aliados, señalando que esta práctica pone en riesgo a la población civil, especialmente a los menores. Casi 70 personas han fallecido entre enero y marzo debido a ataques de drones armados, lo que ha llevado a acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.