El congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, denunció que un proyecto de ley de financiamiento del Poder Legislativo para 2027, impulsado por los republicanos del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, fomenta la corrupción y debilita la supervisión gubernamental. Según Espaillat, esta legislación permite al presidente Donald Trump seguir sustrayendo fondos destinados a la clase media y a los estadounidenses vulnerables.

El proyecto de ley contempla un total de $5,400 millones, lo que representa una reducción de $125 millones o un 2 por ciento respecto al financiamiento de 2026, excluyendo las partidas del Senado. Espaillat argumenta que la legislación abre la puerta a más corrupción al recortar fondos para la Oficina no partidista de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) y eliminar más de 1,000 empleos esenciales para combatir el desperdicio de fondos públicos.

Además, el proyecto permite que Trump continúe apropiándose de dinero prometido a los contribuyentes al debilitar los controles sobre la retención ilegal de fondos. También se critica que no se incluyen medidas para permitir que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) puedan trabajar en el Poder Legislativo.

“Los republicanos están utilizando el poder de la Cámara para llevar a cabo la agenda de Trump mediante recortes que debilitan programas gubernamentales vitales y nuestra capacidad de exigir rendición de cuentas”, expresó Espaillat, quien es miembro de alto rango del Subcomité de Asignaciones Presupuestarias del Poder Legislativo.

El congresista también destacó que la propuesta socava las facultades de supervisión y contribuye poco a la rendición de cuentas de la administración actual. Durante la revisión del proyecto, los demócratas propusieron varias enmiendas para mejorar la legislación, incluyendo medidas para impedir el uso de fondos discrecionales corruptos y restaurar el financiamiento de la GAO.

Entre las enmiendas rechazadas por los republicanos se encontraba la propuesta de permitir que los beneficiarios de DACA trabajen en el Poder Legislativo y la creación de una exhibición para recordar la insurrección del 6 de enero. Además, se buscaba brindar protección sindical a los empleados de servicios de alimentos de la Cámara de Representantes.

El rechazo de estas enmiendas por parte de los republicanos ha generado preocupación entre los demócratas, quienes consideran que el proyecto de ley no aborda adecuadamente los problemas de corrupción y supervisión en el gobierno federal. La discusión sobre este proyecto de ley continúa en el Congreso.