La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión histórica este jueves que podría cambiar las reclamaciones sobre propiedades confiscadas en Cuba desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Con ocho votos a favor y uno en contra, el tribunal permitió que empresas estadounidenses exijan compensaciones millonarias a compañías que han utilizado bienes expropiados por el Gobierno cubano.

La decisión respalda la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que se creó para endurecer el embargo contra Cuba y facilitar reclamaciones sobre propiedades confiscadas. Este fallo beneficia a la empresa Havana Docks, que demandó a importantes operadores de cruceros por utilizar muelles en el puerto de La Habana entre 2016 y 2019.

Las compañías demandadas incluyen a Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises, acusadas de beneficiarse de infraestructuras confiscadas por el Gobierno cubano. Inicialmente, un Tribunal de Distrito había ordenado que estas empresas pagaran más de 100 millones de dólares cada una a Havana Docks, pero una corte de apelaciones en Atlanta anuló esa sentencia.

La Corte Suprema revirtió la decisión anterior, argumentando que la Ley Helms-Burton no se limita a contratos vigentes, sino que también abarca propiedades confiscadas por el Estado cubano desde el 1 de enero de 1959. El magistrado Clarence Thomas, autor de la opinión mayoritaria, destacó que cualquier empresa que use propiedades «contaminadas» por confiscaciones previas puede ser considerada responsable ante ciudadanos estadounidenses con derechos sobre esos bienes.

Este fallo podría dar lugar a una serie de nuevas demandas contra compañías extranjeras y estadounidenses que operan en Cuba, especialmente en los sectores turístico, portuario e inmobiliario. Analistas sugieren que la decisión refuerza la presión de Washington sobre La Habana en un contexto de tensiones políticas renovadas entre ambos países.

La Ley Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensaciones por propiedades confiscadas tras la revolución liderada por Fidel Castro. El Título III de esta legislación, que ha sido activado plenamente en años recientes, autoriza demandas contra empresas que «trafiquen» o se beneficien económicamente de bienes expropiados en Cuba.

La Corte Suprema dejó claro que Havana Docks solo necesitaba demostrar que las navieras utilizaron instalaciones confiscadas, sin importar la existencia de contratos de explotación vigentes en ese momento. Con esta decisión, el máximo tribunal estadounidense establece un precedente que podría redefinir el panorama jurídico y económico para las empresas con operaciones relacionadas con propiedades nacionalizadas en Cuba.