El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra Raúl Castro, de 94 años, por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Esta acusación marca un momento histórico en la relación entre Washington y La Habana, representando un golpe significativo a la dirigencia de la revolución cubana. La imputación se realizó en el tribunal federal del distrito sur de Florida, junto a acusaciones contra otros cinco militares cubanos.

El caso revive un episodio doloroso para el exilio cubano en Miami, donde cuatro personas perdieron la vida en la destrucción de las avionetas en aguas internacionales. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, enfatizó que Estados Unidos no olvidará a sus ciudadanos y advirtió que Raúl Castro comparecerá ante la justicia «por su propia voluntad o de otra manera».

Contexto político y reacción de EE. UU.

La acusación fue anunciada el 20 de mayo, una fecha simbólica para el exilio cubano, y se produce en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. Este anuncio coincide con la reciente captura y traslado a Nueva York del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien también enfrenta acusaciones de narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció una «nueva vía» para las relaciones entre ambos países, abogando por elecciones libres y una apertura económica. Rubio responsabilizó al régimen cubano de la crisis económica actual, que ha llevado a la isla a uno de sus momentos más difíciles desde el colapso soviético.

La situación en Cuba es crítica, con apagones frecuentes, inflación descontrolada y escasez de alimentos y medicinas, lo que ha impulsado a cientos de miles de cubanos a emigrar. Además, la producción azucarera está en mínimos históricos y el sistema energético nacional enfrenta un colapso inminente.

Ayuda humanitaria y respuesta de La Habana

Washington ha anunciado un programa de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, que se distribuirá a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes, evitando los canales estatales cubanos. Esta medida busca apoyar al pueblo cubano sin fortalecer al gobierno.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la ofensiva estadounidense como una «operación de propaganda y desestabilización». Díaz-Canel argumentó que la acusación contra Raúl Castro responde a intereses políticos del exilio cubano y reiteró que las avionetas habían violado el espacio aéreo cubano.

La tensión entre ambos países se ha intensificado con el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe, interpretado por La Habana como una demostración de fuerza. Aunque no se anticipa una acción militar directa, la combinación de presión judicial y despliegue militar ha colocado a Cuba en una situación de vulnerabilidad política.

La familia Fanjul Gómez-Mena, influyentes en la industria azucarera, ha respaldado los esfuerzos de Donald Trump por promover un cambio en Cuba, afirmando que «un cambio significativo finalmente es posible» tras más de seis décadas de régimen comunista en la isla.