El Gobierno solicitó a la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) archivar el recurso de amparo presentado por un grupo de periodistas contra el decreto que limitaba a dos años la renovación de la licencia de conducir para personas de 65 años en adelante. La solicitud busca dejar sin efecto la audiencia programada para este lunes, argumentando que el decreto fue derogado y reemplazado por uno nuevo, el número 330-26.

Alberto Tavárez, abogado de los demandantes, afirmó que la petición del Ejecutivo carece de efecto, ya que sus clientes han decidido mantener la acción de amparo, argumentando que el nuevo decreto no satisface sus demandas. Tavárez indicó que continuarán con la acción porque el decreto presidencial no respeta el derecho de los envejecientes a no ser discriminados, tal como establece el artículo 39 de la Constitución de la República.

Derechos constitucionales y discriminación

El artículo 39 de la Constitución establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” y deben recibir la misma protección y trato, sin discriminación por razones de edad, entre otros factores. Tavárez lamentó que el Gobierno ignorara este mandato constitucional y emitiera un decreto que, según él, favorece a algunos y perjudica a otros.

El abogado criticó que el decreto del presidente Luis Abinader solo desplaza la discriminación de 65 a 75 años, lo que considera incongruente con la sentencia TC/0050/20 del Tribunal Constitucional, que eliminó la “presunción de ineptitud por la edad” del ordenamiento jurídico. Esta situación, según Tavárez, contradice el principio de igualdad ante la ley.

Además, el jurista argumentó que la disposición presidencial excede las atribuciones reglamentarias del Poder Ejecutivo al imponer restricciones para la renovación de la licencia de conducir que no están contempladas en la Ley 63-17 de Tránsito, Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

El grupo de periodistas que presentó el recurso está compuesto por Héctor Minaya, José Antonio Torres, Christian Oviedo, Leo Corporán y Silvio Cabrera, todos de la redacción del periódico El Nacional, quienes han confiado en el abogado constitucionalista Alberto Tavárez para llevar su caso.