Centenares de personas marcharon ayer en Pedro Brand, por segunda vez en menos de quince días, para exigir al presidente Luis Abinader que detenga un proyecto de relleno sanitario y revalorización de residuos sólidos que, según denuncian, afectará al distrito municipal La Cuaba. La movilización se llevó a cabo en defensa de los recursos naturales y la actividad ecoturística de la zona.
Los manifestantes, provenientes de sectores como La Cuaba, El Pedregal, Salamanca y Mamá Tingó, se reunieron en un campamento permanente en el área donde se planea instalar el proyecto, en el sector Los Aguacates. La caminata pacífica, que duró casi dos horas, fue acompañada por un fuerte despliegue policial.
Demandas de la comunidad
El presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, pidió al mandatario que actúe con sensatez y retire el proyecto «de manera definitiva». Correa enfatizó que Los Aguacates es un distrito ecoturístico que beneficia a cientos de personas.
Fernando Morillo, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instó a los presentes a mantenerse vigilantes hasta que se detenga el proyecto. «Esta lucha no puede pararse hasta que el presidente de la República diga que aquí se va a detener», afirmó.
Los líderes comunitarios esperan que Abinader revoque la instalación de la planta, tal como lo hizo en San Juan ante el rechazo de sectores sociales a un proyecto minero. José Miguel Buret, residente de La Cuaba, destacó que buscan respeto por su decisión de oponerse al proyecto, al considerarlo una amenaza para el agua y la salud de la comunidad.
Correa recordó que el Vacacional Matúa, un proyecto turístico cercano, podría verse afectado por los olores del relleno sanitario, lo que perjudicaría la tranquilidad de quienes invirtieron en la zona. La marcha fue interrumpida brevemente por la Policía Nacional, que dispersó a un grupo que intentó apoyar el proyecto de reciclaje.
Licencia ambiental y oposición comunitaria
La movilización recorrió parte de la circunvalación de Santo Domingo, con permisos de las autoridades correspondientes. El Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental 0619-25 para la construcción y operación del proyecto, que gestionaría hasta 6,000 toneladas diarias de residuos sólidos del Gran Santo Domingo entre julio y diciembre de 2025.
A pesar de la licencia, los comunitarios insisten en que el proyecto carece de apoyo social. Correa denunció que la empresa ha utilizado «personeros» para intimidar a la comunidad y desincentivar su oposición al proyecto.
