El Instituto Duartiano expresó su “total sorpresa” por el acuerdo firmado entre las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos, que permite el ingreso de ciudadanos de terceros países deportados desde EE.UU. a la República Dominicana, argumentando que esta medida compromete la soberanía y vulnera el ordenamiento jurídico migratorio del país.

Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, calificó el convenio como una actuación “excesivamente complaciente” de las autoridades dominicanas. Aseguró que, bajo el pretexto de facilitar el retorno de extranjeros, se estaría incurriendo en una transgresión legal y constitucional que afecta la dignidad nacional.

Gómez Ramírez destacó que la legislación migratoria dominicana solo permite la recepción de ciudadanos dominicanos y, de manera excepcional, de extranjeros con visas otorgadas por las autoridades consulares. Por lo tanto, considera que estos acuerdos contradicen el marco jurídico vigente.

El jurista también cuestionó la decisión en un momento en que la República Dominicana enfrenta una “situación altamente crítica” por la presencia de millones de extranjeros indocumentados, especialmente de Haití, mientras las autoridades migratorias realizan operativos para controlar el flujo irregular.

En este contexto, consideró contradictorio que se busque aumentar la presencia de más personas en condición migratoria irregular en el país. Además, Gómez Ramírez recordó que hace tres meses el presidente dominicano había descartado la posibilidad de un acuerdo de este tipo, lo que le lleva a cuestionar el “violento cambio de actitud” del Gobierno.

El presidente del Instituto Duartiano también expresó su preocupación por el hecho de que estas operaciones impliquen el aterrizaje de aeronaves militares extranjeras y el uso de aeropuertos militares dominicanos. Esta situación, según él, debe ser objeto de un amplio debate nacional debido a sus implicaciones soberanas y estratégicas.

Finalmente, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que revise las decisiones de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando que algunas de estas acciones comprometen la imagen y la dignidad del pueblo dominicano ante la comunidad internacional.