El gobierno dominicano ha cedido parte de su territorio para el uso de aviones militares estadounidenses, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos. Esta decisión se produce en un contexto donde el presidente Donald Trump ha amenazado con atacar a Cuba, lo que hace aún más controvertida la presencia de fuerzas estadounidenses en la República Dominicana. La justificación presentada por el gobierno es la lucha contra el narcotráfico, un argumento que recuerda a la intervención en Venezuela.
El decreto 500-25, emitido el 2 de septiembre de 2025, vinculó al Cártel de los Soles con el tráfico de drogas, aunque posteriormente esta relación fue desestimada tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. En un giro de política exterior, el gobierno de Luis Abinader también ha declarado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como organizaciones terroristas, alineándose con las posturas de Estados Unidos.
Además, el gobierno dominicano ha aceptado la deportación de extranjeros desde Estados Unidos sin conocer sus antecedentes, lo que ha suscitado críticas sobre la soberanía nacional. Esta situación ha llevado a muchos a sentir que el país se ha convertido en un territorio de paso para decisiones ajenas, lo que afecta la percepción de la soberanía dominicana.
La entrega del territorio para fines militares y la aceptación de deportados ha generado un sentimiento de indignación entre los ciudadanos, quienes consideran que estas acciones son una muestra de sumisión ante el poder estadounidense. La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno ha sido objeto de cuestionamientos y reproches por parte de la población.
Los críticos argumentan que la situación actual refleja una disminución de la soberanía nacional y una falta de conciencia cívica para exigir respeto por parte del gobierno. La percepción de que la República Dominicana se ha convertido en un país insignificante ante la influencia de potencias extranjeras es un sentimiento creciente entre los dominicanos.
Las decisiones recientes del gobierno dominicano, vistas como una complacencia hacia la administración de Donald Trump, han generado un malestar generalizado. Muchos ciudadanos sienten que están viviendo en un país intervenido, lo que plantea serias interrogantes sobre el futuro de la soberanía y la autodeterminación de la nación.
