En lo que va del año, el país ha registrado un saldo de 93 muertos en intercambios de disparos entre policías y delincuentes, además de ocho agentes policiales fallecidos en servicio. Esta situación evidencia el aumento de la violencia delincuencial, como lo demuestra el reciente enfrentamiento en el que murió un sargento policial y tres delincuentes en Santo Domingo Oeste y Villa Mella.

La ministra de Interior, Faride Raful, reconoció la complejidad del problema, señalando que muchos miembros de la policía son atacados durante operativos. Sin embargo, indicó que la mayoría de estos casos no son investigados adecuadamente, ya que se asume que el criterio policial es válido.

Reacciones de la Policía

El director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó que las acciones de sus agentes son parte de “una planificación estratégica” que no incluye órdenes de ejecución. Aseguró que cualquier ciudadano que cometa un delito y no se enfrente a la institución es arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público.

A pesar de estas declaraciones, la cifra de 93 muertes en supuestos intercambios de disparos en 2026 es alarmante. La veracidad de que todos los casos sean justificados por la Policía es cuestionable, lo que sugiere una escalada de violencia que podría implicar la muerte de un promedio de 18 delincuentes al mes.

Es fundamental que no haya muertes de policías ni civiles en estos enfrentamientos, pero también es crucial que cada caso sea investigado de manera rigurosa y transparente. Esto aseguraría que, en situaciones donde se aplique la pena de muerte, los responsables sean llevados ante la justicia ordinaria.

Investigaciones necesarias

Las patrullas policiales deben ejercer el monopolio de la fuerza ante cualquier acto de violencia durante las detenciones. Sin embargo, cada caso de muertes de civiles en intercambios de disparos debe ser objeto de investigación, sin aceptar automáticamente los informes absolutorios emitidos por la institución.