Los compromisos del Estado dominicano en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han impulsado las contrataciones públicas para avanzar hacia el cumplimiento de sus 17 objetivos, especialmente el ODS 11 sobre “Ciudades y comunidades sostenibles” y el ODS 12, que se refiere a la “Producción y consumo responsables”. Estas iniciativas buscan promover prácticas de adquisiciones sostenibles alineadas con las políticas nacionales, reflejadas en los Ejes 3 y 4 de la Ley núm. 1-12, que enfatizan la economía sostenible e innovadora y la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal.

Además, otros ODS como el ODS 5 sobre “Igualdad de Género”, el ODS 8 relacionado con el “Trabajo decente y crecimiento económico” y el ODS 10, que aborda la “Reducción de desigualdades”, se fomentan a través de adquisiciones que establecen requisitos de responsabilidad social. Las compras públicas estratégicas abarcan un ámbito más amplio que solo las compras verdes o ecológicas, según lo establecido en el Decreto núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas.

Impacto de las compras públicas estratégicas

El enfoque de las compras públicas estratégicas busca generar un triple impacto positivo en la sostenibilidad ambiental, económica y social. Para lograrlo, es esencial tomar decisiones más acertadas mediante el diseño de procedimientos estratégicos, lo que implica realizar estudios previos, tal como lo establece el artículo 85 del Reglamento núm. 52-26 de compras y contrataciones.

El “Manual metodológico para el diseño y elaboración de estudios previos” de la Dirección General de Contrataciones Públicas también es una herramienta clave en este proceso. Un adecuado diseño de los pliegos de condiciones, con criterios alineados con la sostenibilidad y una adjudicación basada en valor por dinero, son fundamentales para alcanzar los objetivos planteados.

Un cambio necesario en las adquisiciones del Estado

En resumen, las compras públicas estratégicas representan un cambio necesario en la forma en que el Estado aborda la adquisición de bienes, obras y servicios. Al incorporar criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, estas compras no solo permiten cumplir con los ODS, sino que también promueven el desarrollo inclusivo y la responsabilidad social.