El Seguro Familiar de Salud (SFS) ha logrado universalizar el acceso a la salud en la República Dominicana, beneficiando al 97% de la población, lo que equivale a más de 10.4 millones de dominicanos. Anteriormente, un 81.5% de la población carecía de protección, lo que podía llevar a la quiebra familiar ante una enfermedad. Actualmente, la cobertura del SFS duplica el promedio del 43%% de América Latina.

El país ha experimentado mejoras significativas, como el aumento del tratamiento de enfermedades de alto costo de 500,000 a 2,000,000 pesos por afiliado, la inclusión de más de 120 procedimientos contra el cáncer y el incremento del límite de cobertura de 3,000 a 12,000 pesos, abarcando más de 400 medicamentos. Además, se ha reducido el copago para hospitalización y cirugías mayores en un 50%.

A pesar de estos logros, el SFS enfrenta un momento crítico debido a la asimetría entre el crecimiento de la cobertura y la falta de aplicación de reformas estructurales en el sistema nacional de salud, las cuales fueron establecidas hace 25 años por la Ley 87-01. La atención médica se ha mantenido enfocada en el tratamiento curativo, lo que resulta costoso y no promueve la prevención de enfermedades.

La red pública de salud no ha logrado ofrecer servicios de calidad, oportunos y continuos, lo que ha llevado a una privatización y mercantilización de la medicina. Esto se traduce en copagos elevados y un gasto familiar que impacta a las familias más pobres y vulnerables. A pesar de la alta cobertura, la falta de atención primaria se refleja en indicadores de salud que no concuerdan con el crecimiento económico del país.

Existen consensos sobre la necesidad de superar estas limitaciones estructurales y relanzar el sistema nacional de salud. Se argumenta que no se requieren cambios drásticos en la Ley 87-01, sino más bien voluntad política para iniciar una reforma integral de la red pública y del sistema de salud.

En el ámbito de pensiones, la Ley 87-01 estableció un sistema de capitalización individual que supera al chileno en cinco aspectos clave, incluyendo un componente de reparto y una AFP pública. Desde su implementación, la cobertura de trabajadores asalariados aumentó del 10% al 95%.

Hasta marzo de 2026, se han otorgado 37,562 pensiones, de las cuales 18,076 son por sobrevivencia y 19,486 por discapacidad. El fondo de pensiones ha alcanzado los 1.3 millones de millones de pesos, permitiendo diversificar inversiones y financiar 189 proyectos, generando miles de empleos en sectores como el turismo y la construcción.

A pesar de estos avances, la situación actual no garantiza pensiones suficientes para los cotizantes, lo que resalta la necesidad de cambios urgentes en el plan de retiro.