La decisión de suspender los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest refleja cómo la República Dominicana maneja sus conflictos ambientales. Este asunto va más allá de la minería, ya que pone de manifiesto la necesidad de un proceso claro y basado en evidencia para la toma de decisiones.

Un Estudio de Impacto Ambiental no debe ser visto como un mero trámite para aprobar proyectos, sino como una herramienta esencial para evaluar su viabilidad y establecer condiciones. Interrumpir este proceso por presiones externas o conveniencias políticas no solo pone en riesgo el medio ambiente, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de evaluar estos proyectos.

Históricamente, el país ha enfrentado decisiones ambientales que se han tomado sin seguir el debido proceso técnico. Esto ha llevado a una creciente desconfianza y conflictos, ya que las comunidades sienten que sus preocupaciones no son escuchadas. Actualmente, este fenómeno se observa de manera más evidente, en un contexto donde el gobierno tiene la capacidad política para optar por un enfoque más institucional.

Las comunidades tienen razones válidas para cuestionar y exigir garantías ambientales, basadas en experiencias pasadas de incumplimientos y promesas no cumplidas. Ignorar estas preocupaciones es irresponsable, así como también lo es no establecer reglas claras que guíen el desarrollo del país.

Es fundamental que la democracia no se base únicamente en la intensidad de los conflictos, ya que esto puede llevar a que las comunidades dependan de la presión para ser escuchadas. Este enfoque no fortalece a las comunidades, sino que las deja vulnerables a la necesidad de generar ruido para que sus demandas sean atendidas.

La situación actual no solo afecta a Goldquest, sino que plantea un precedente preocupante para futuros proyectos que requieran permisos y evaluaciones. La lección que se extrae es que los procedimientos pueden ser alterados si la presión es lo suficientemente fuerte, lo que podría tener repercusiones en diversos sectores como infraestructura, energía y turismo.

Gobernar implica gestionar conflictos de manera responsable, utilizando reglas claras y transparencia. La solución radica en retomar el proceso de evaluación con información verificable y la participación activa de las comunidades, el Estado, la academia y el sector privado, asegurando que no se convierta en un mero formalismo.

La pregunta que surge es inquietante: si las instituciones dominicanas no manejan este conflicto a través de sus propios procedimientos, ¿qué otros conflictos en el futuro recibirán la atención necesaria?