El presidente Luis Abinader propuso un recorte del 50% al financiamiento de los partidos políticos como parte de un paquete de medidas para enfrentar la crisis económica derivada de la situación en Medio Oriente. Esta decisión busca un consenso y un sacrificio colectivo, afectando a las organizaciones políticas, especialmente a Fuerza del Pueblo y el PLD.

La oposición no esperaba una respuesta tan contundente, que incluye también la reducción del gasto publicitario y subsidios al transporte y fertilizantes. Con estas medidas, el Gobierno espera ahorrar 40 mil millones de pesos para mitigar el impacto en los precios de los alimentos y aumentar la transferencia de recursos a programas sociales.

El financiamiento a los partidos ha estado bajo escrutinio debido a la falta de rendición de cuentas en su distribución. La oposición ha reaccionado con descontento ante esta disminución, que consideran un ataque a la democracia y un «palo acechao» en medio de la crisis del petróleo.

Además del recorte, el Gobierno ha tomado decisiones que afectan a las fuerzas políticas, como la paralización del proyecto minero en Romero, San Juan. Esta medida ha dejado a sus rivales sin un argumento clave para movilizar a la población en defensa de los recursos de la provincia.

La administración de Abinader ha enfrentado críticas por su apoyo a los fideicomisos y alianzas público-privadas, pero la suspensión del proyecto minero ha sido una estrategia política efectiva. Aunque la evaluación técnica para determinar la viabilidad de la extracción de minerales no se consideraba explotación, el Gobierno utilizó la movilización social para justificar su decisión.

Se recuerda que los permisos para las exploraciones de GoldQuest fueron otorgados en los años 2005, 2010, 2015 y 2018. La Ley 64-00 de Medio Ambiente establece que no se puede llevar a cabo ninguna operación minera si una mayoría de la población se opone, lo que respaldó la decisión del Gobierno de paralizar el proyecto.