La intención de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en la República Dominicana pone en riesgo principios fundamentales del orden constitucional, como el pluralismo político y la igualdad democrática. Esto se debe a que el artículo 216 de la Constitución reconoce a los partidos como instrumentos esenciales para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, lo que impide que se debiliten mediante decisiones coyunturales del poder político.

El argumento para justificar esta propuesta se basa en la crisis internacional derivada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y sus posibles repercusiones económicas en el país. Sin embargo, es cuestionable que, ante un escenario de incertidumbre internacional, el Gobierno opte por afectar el financiamiento de las organizaciones políticas, mientras otras áreas del gasto público permanecen intactas.

El costo de la democracia es una responsabilidad del Estado, ya que garantizar partidos fuertes y organizados es parte de sus obligaciones en un sistema social y democrático de derecho. En el contexto dominicano, el financiamiento público busca reducir desigualdades frente al poder económico y mantener un equilibrio en la competencia política.

La Junta Central Electoral ha señalado que una reducción en el financiamiento afectaría el funcionamiento de los partidos y alteraría reglas establecidas en la ley. Esta situación es más preocupante cuando la iniciativa proviene del Gobierno, lo que genera la percepción de que se busca debilitar a las fuerzas opositoras bajo el pretexto de una crisis económica que aún no ha llevado a medidas similares en otras áreas del Estado.

El problema no solo radica en la reducción del presupuesto, sino también en el precedente institucional que podría establecer. Si el financiamiento partidario queda sujeto a decisiones del poder político, el sistema democrático dependería de la voluntad de quien gobierne, en lugar de seguir reglas estables establecidas por la Constitución y la ley.

Los partidos políticos pueden ser sometidos a fiscalización rigurosa y obligados a transparentar el uso de recursos públicos. Sin embargo, esto es diferente a implementar recortes que comprometan su funcionamiento y afecten el equilibrio democrático. La transparencia fortalece el sistema, mientras que el debilitamiento selectivo de las organizaciones políticas lo perjudica.

El presidente Luis Abinader debe considerar esta situación con una visión de Estado y sentido democrático, evitando una propuesta que podría generar desconfianza institucional y tensiones innecesarias en el sistema político. Su padre, don Rafael Abinader, creía en la democracia y en el respeto a la pluralidad, principios que deben ser preservados en un momento donde la prudencia y el equilibrio institucional son vitales para la estabilidad democrática de la República Dominicana.