Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por violación sexual incestuosa y abuso psicológico contra su hijastra, disfruta de un permiso laboral desde el 1 de junio de 2025, otorgado por el juez José Manuel Arias. A pesar de su condena definitiva, Santana vive fuera de la cárcel debido a una serie de maniobras judiciales que han prolongado indefinidamente el proceso para revocar su permiso.

El caso de Santana, exfuncionario con una larga trayectoria en el Estado dominicano, refleja las fallas en un sistema judicial que parece incapaz de frenar privilegios derivados de maniobras procesales. Santana, oriundo de Jimaní, fue embajador y director del Consejo Nacional de Fronteras entre 2015 y 2018, y su carrera política se vio truncada en 2018 tras la denuncia de su hijastra, quien relató años de abusos.

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que Santana cometió los abusos cuando la menor tenía entre 11 y 14 años, aprovechando las ausencias de su madre. Tras ser declarado culpable en noviembre de 2019, la condena fue confirmada por la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, cerrando el caso jurídicamente.

A pesar de esto, Santana no está en prisión. Su permiso laboral, que le permite salir de la cárcel de Azua, se sustentó inicialmente en un aval del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que posteriormente fue revocado. Sin embargo, el beneficio se mantuvo, y se ha mencionado que actualmente está respaldado por una empresa de cobro compulsivo.

El Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) ha apelado la medida, pero el proceso ha estado marcado por incidentes y solicitudes de la defensa de Santana que han retrasado la resolución. Desde el 30 de octubre de 2025, fecha de la primera audiencia sobre la apelación, Santana ha presentado múltiples recursos para dilatar el proceso.

Recientemente, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que trasladara el conocimiento de la apelación a otro tribunal, argumentando «sospecha legítima» sobre la imparcialidad de los jueces. Esta maniobra ocurrió tras el rechazo de una recusación presentada contra magistrados de la Corte de San Cristóbal.

En audiencias previas, Santana alegó no haber sido notificado adecuadamente, un argumento que fue refutado por el Ministerio Público. A pesar de ello, el proceso sigue sin una resolución definitiva.

El procurador de corte de apelación, Eduardo Velázquez Muñoz, calificó de «improcedente» la solicitud de Santana y afirmó que los jueces han actuado conforme a la ley. Sin embargo, la lentitud del proceso judicial ha permitido que un condenado por un delito grave continúe fuera de prisión.

Este caso pone de manifiesto una contradicción en el sistema judicial dominicano, donde la justicia que logró condenar a un exfuncionario poderoso parece incapaz de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.