La propuesta del presidente Luis Abinader de recortar el financiamiento estatal a los partidos políticos ha suscitado un debate sobre la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento en República Dominicana. La discusión no se centra en reducir esos fondos, sino en eliminarlos por completo para priorizar la salud de la población, que enfrenta carencias estructurales en los hospitales y desigualdades en el acceso a medicamentos.

Justificar la asignación de millones de pesos del presupuesto nacional a estructuras partidarias resulta difícil en un contexto donde la calidad del servicio sanitario es deficiente. La cuestión no es técnica, sino moral: ¿debe el Estado financiar partidos o priorizar la salud de su gente?

El argumento a favor del financiamiento público sostiene que este limita la influencia del dinero privado en la política. Sin embargo, en la práctica dominicana, esta lógica ha mostrado fisuras. A pesar de recibir recursos del Estado, persisten dudas sobre su uso, con una rendición de cuentas débil y una percepción ciudadana de que no hay correspondencia entre lo que se entrega y lo que se justifica.

Eliminar el financiamiento público no debilita la democracia; más bien, obliga a los partidos a reconectarse con la sociedad. Deben buscar recursos en la militancia, en donaciones transparentes y en actividades legítimas de recaudación, construyendo apoyo real en lugar de depender del presupuesto estatal.

El divorcio entre la ciudadanía y el sistema de partidos es un elemento político relevante. Si se sometiera esta discusión a un referendo, la percepción generalizada sugiere un resultado contundente en contra del financiamiento público, evidenciando que la gente no desea que su dinero financie organizaciones en las que no confía.

La falta de transparencia en el uso de recursos públicos ha erosionado la legitimidad del financiamiento. La ausencia de informes claros y auditorías accesibles impide que los partidos puedan generar confianza entre la ciudadanía.

Redirigir esos fondos hacia la salud pública enviaría una señal poderosa, marcando una prioridad política clara: primero la gente, después la política. En un contexto de restricciones fiscales, cada peso cuenta y su destino refleja el modelo de país que se quiere construir.

Eliminar el financiamiento público presenta desafíos, como el riesgo de mayor influencia privada sin reglas estrictas. Sin embargo, la solución no es mantener un modelo fallido, sino reemplazarlo por uno que combine libertad de financiamiento con controles rigurosos y transparencia total.

Hoy, la República Dominicana tiene la oportunidad de replantear una práctica que ha perdido legitimidad, devolviendo sentido al uso del dinero público. Mientras la política se financia con recursos garantizados, la salud del pueblo sigue esperando, y esa ecuación ya no se sostiene.