La Cámara de Cuentas de la República Dominicana enfrenta críticas por su baja producción de auditorías, a pesar de haber administrado entre RD$20,000 y RD$22,000 millones en las últimas dos décadas. Desde la aprobación de la Ley 10-04 en 2004, su presupuesto anual ha rondado los RD$1,500 millones, pero su rendimiento en auditorías ha sido deficiente. Entre 2004 y 2026, solo ha publicado entre 700 y 850 auditorías, en comparación con las 33,000 a 62,000 de instituciones similares en la región.

El costo promedio de cada auditoría ha oscilado entre RD$24 y RD$30 millones, reduciéndose a RD$15-20 millones en años recientes, lo que es significativamente más alto que en países como Costa Rica y Panamá. Además, entre 2013 y 2022, la Cámara solo ejecutó 429 de las 1,485 auditorías planificadas, lo que evidencia la falta de un sistema eficaz para detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Desconfianza en el sistema

La mayoría de los escándalos de corrupción han sido revelados por investigaciones periodísticas y no por los mecanismos institucionales de control, lo que ha llevado a una erosión de la confianza pública en el Estado. La situación plantea la necesidad de cuestionar la efectividad del modelo actual de la Cámara de Cuentas en el siglo XXI.

Países como Estonia y Emiratos Árabes Unidos están transformando sus modelos de control mediante el uso de inteligencia artificial y blockchain. Estas tecnologías permiten la trazabilidad de transacciones públicas y la detección automática de irregularidades, lo que contrasta con la auditoría tradicional que solo revisa el pasado.

Propuesta de reforma

República Dominicana necesita adoptar un sistema nacional de fiscalización digital basado en tres pilares: inteligencia artificial para auditorías continuas, blockchain para la trazabilidad de contratos y una interoperabilidad obligatoria entre las distintas instituciones de control. Esto no implica eliminar el factor humano, sino más bien optimizarlo mediante la supervisión de sistemas inteligentes.

La verdadera reforma del Estado no se logrará con discursos o nuevas comisiones, sino sustituyendo la burocracia improductiva por tecnología avanzada. Cada día que pasa sin una agenda concreta de transformación digital representa un costo en obras sobrevaluadas y recursos mal utilizados.

La confianza pública es un activo frágil que se erosiona cuando los mecanismos de control fallan. La reciente percepción pública sobre casos como SENASA subraya las dificultades del Estado para detectar y corregir sus propias fallas a tiempo.

La Cámara de Cuentas no necesita un nuevo maquillaje institucional, sino una redefinición de su naturaleza para adaptarse a las exigencias actuales. El país requiere un sistema inteligente y preventivo que garantice la confianza pública y la institucionalidad dominicana.