La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, con el objetivo de fomentar la investigación, explotación y refinación de minerales esenciales para la transición energética. La iniciativa busca aprovechar el potencial de Brasil en minerales como níquel, litio, grafito y tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías y energías renovables, además de reducir la dependencia externa en insumos agrícolas como el potasio y el fosfato.

El proyecto fue aprobado sin necesidad de votación, gracias a un acuerdo entre todos los partidos, incluyendo la oposición, y ahora requiere la aprobación del Senado para que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pueda sancionarlo. Esta aprobación se produce justo antes de un encuentro entre Lula y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se discutirá la cooperación en la explotación de minerales críticos.

Incentivos y objetivos del proyecto

La iniciativa prevé la concesión de hasta 5.000 millones de reales (aproximadamente 950 millones de dólares) en incentivos fiscales entre 2030 y 2034 para estimular el desarrollo del sector, así como la creación de un fondo que permitirá al Gobierno otorgar créditos a empresas que exploten tierras raras. Además, se proponen líneas de crédito diferenciadas para la investigación tecnológica y un régimen aduanero especial para la exportación e importación de bienes relacionados con la cadena de producción.

Uno de los principales objetivos es que Brasil pueda refinar los minerales y agregarles valor en el país, evitando así perpetuarse como un exportador de materias primas. Con esta nueva política, Brasil, que posee las mayores reservas de minerales críticos después de China, busca consolidarse como un proveedor clave en la transición energética global.

Preocupaciones ambientales

Sin embargo, organizaciones ecologistas advierten que el modelo podría generar impactos socioambientales sin garantizar una transición justa. El Observatorio do Clima, que agrupa más de un centenar de organizaciones defensoras del medioambiente, alertó que el texto podría profundizar el modelo extractivista y no garantiza beneficios públicos, además de conllevar graves amenazas al medio ambiente y a comunidades tradicionales.

En una nota técnica, la red destacó riesgos como la aceleración de proyectos sin suficientes salvaguardas y la expansión de incentivos fiscales sin una gobernanza robusta. Adriana Pinheiro, del Observatorio do Clima, señaló que el proyecto permite acelerar el licenciamiento sin reforzar el control técnico y la fiscalización, lo que aumenta la inseguridad jurídica.

Thales Machado, de Conectas Direitos Humanos, advirtió que esta política podría incrementar las violaciones de derechos humanos al priorizar la expansión de la minería sin exigir salvaguardas efectivas, especialmente en territorios indígenas y comunidades tradicionales.