La defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de presunto soborno, ha presentado dos incidentes en la medida de coerción que conoce la jueza Ysis Muñiz. Uno de los incidentes busca que el procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sea apartado del proceso, mientras que el otro persigue la nulidad del documento de solicitud de coerción, argumentando que ni Camacho ni la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, tienen competencia para dirigir la investigación.

La defensa argumenta que, al tratarse de un fiscal, la investigación debió ser conducida por el procurador de corte, José del Carmen Sepúlveda, quien es el funcionario competente en este tipo de casos. Sin embargo, el Ministerio Público considera que estos planteamientos no son nuevos en los tribunales dominicanos.

De acuerdo con precedentes, estas solicitudes han sido rechazadas de manera reiterada, ya que el Ministerio Público es un órgano único e indivisible, conforme a la Constitución y las leyes pertinentes, lo que permite que cualquiera de sus representantes actúe en nombre de la institución.

La jueza Muñiz está conociendo la medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien supuestamente recibió un soborno de 10,000 dólares mediante una entrega controlada. La Fiscalía ha solicitado que el fiscal sea enviado a prisión preventiva mientras se continúa con la investigación.

Según el documento de solicitud de coerción, Valdez Alcántara exigió inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, cantidad que luego redujo a 150,000 dólares en una negociación que también incluyó un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como muy grave y reafirmó la responsabilidad del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. “Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”, afirmó.

La negociación del fiscal se habría realizado con Roberto Canaán, quien se ha convertido en testigo del órgano acusador en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNasa). Valdez Alcántara lleva más de un mes detenido debido a varios aplazamientos en el conocimiento de la medida de coerción y a la recusación presentada por su defensa contra la jueza Muñiz.

Se espera que, a 38 días de su detención el pasado 27 de marzo, la magistrada finalmente pueda conocer la medida de coerción en este caso.