El Gobierno dominicano decidió detener la evaluación del proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, tras las protestas del domingo en contra de esta iniciativa. La decisión fue anunciada por el presidente Luis Abinader, quien citó la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que establece que la continuidad de proyectos con un rechazo social mayoritario no es viable.

La movilización en San Juan reunió a representantes de diversos sectores que se oponen a la evaluación para determinar la viabilidad de la explotación de recursos auríferos. A pesar de las protestas, el Gobierno había defendido los estudios realizados, en los que la empresa GoldQuest invitó a participar a ambientalistas, comunitarios y técnicos de la Academia de Ciencia.

El presidente Abinader aclaró que el proyecto minero no se originó en su administración, sino que se basa en concesiones de explotación otorgadas en 2005 y renovadas en 2010, 2015 y 2018. Esta aclaración busca evitar confusiones sobre la responsabilidad del actual Gobierno en la continuación de este proyecto.

A pesar de los fundamentos institucionales y sociales que respaldan la decisión, surgen interrogantes sobre el futuro del desarrollo minero en el país. La oposición al proyecto no solo es de carácter ambiental, sino que abarca diversas preocupaciones de la población.