La República Dominicana ha realizado significativas inversiones en metro, monorriel y teleféricos, pero enfrenta un desafío mayor: la falta de una política de Estado que integre de manera efectiva el transporte público urbano. Este problema radica en la ausencia de un enfoque coherente que garantice la continuidad y sostenibilidad del sistema, más que en la carencia de obras.

El avance en infraestructuras es evidente, sin embargo, el sistema de transporte sigue fragmentado. Las decisiones adoptadas no siempre responden a una planificación de largo plazo, lo que impide consolidar un sistema eficiente y sostenible.

La Ley 63-17 y su implementación

La Ley 63-17 fue creada con el propósito de establecer una política integral de movilidad, superando la dispersión institucional que ha afectado la planificación del servicio. Esta ley busca alinear las decisiones de movilidad con la planificación urbana y el desarrollo territorial, considerando el transporte como un sistema integrado y no como un conjunto de obras aisladas.

A pesar de que la ley establece un órgano rector y una dirección clara, la ejecución ha resultado en una estructura más compleja, con competencias no siempre bien definidas. La brecha se encuentra en la aplicación de la ley, que debería guiar las decisiones hacia una lógica de red.

La necesidad de una visión de sistema

Las decisiones de transporte han sido tratadas como proyectos individuales, lo que limita su eficacia. Un sistema de transporte debe ser una red donde cada componente cumple una función específica, y la falta de integración puede resultar en inversiones que no alcanzan su máximo potencial.

La continuidad en el transporte urbano es crucial, ya que sus efectos se extienden por décadas. Si cada administración redefine prioridades sin consolidar lo anterior, se genera una planificación intermitente que afecta la eficiencia y la capacidad de las instituciones para acumular conocimiento técnico.

La ausencia de una política de Estado en transporte público tiene consecuencias concretas, como la pérdida de eficiencia y el impacto negativo en los usuarios, quienes enfrentan un sistema fragmentado que aumenta la incertidumbre y los transbordos. Además, la falta de planificación integrada puede presionar las finanzas públicas debido a los compromisos de operación y mantenimiento.

La República Dominicana cuenta con un marco legal que reconoce la necesidad de una política integral de movilidad y con instituciones creadas para ordenar el sector. Sin embargo, la desalineación entre los elementos existentes impide el funcionamiento adecuado del sistema.

Para avanzar, el país necesita definir una visión de red a largo plazo, consolidar una estructura institucional clara y establecer un modelo financiero sostenible. Estas medidas son fundamentales para transformar el transporte público urbano en un sistema coherente y eficiente.