La jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conocerá este martes a las 2:00 de la tarde la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$10,000 de un testigo del Ministerio Público.

La defensa de Valdez Alcántara, liderada por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano, recusó a la magistrada para evitar que conozca la coerción. La recusación fue enviada a la Suprema Corte de Justicia, pero el tribunal de segunda instancia se declaró incompetente y decidió reenviar el caso al pleno de la Corte de Apelación.

Tras el rechazo de la recusación, la Corte fijó la audiencia para el día de hoy. Los abogados del procurador argumentaron que la magistrada participó en un elemento clave de prueba, específicamente en la entrega controlada del presunto dinero del soborno, lo que, según ellos, limita su capacidad para conocer el caso.

“A raíz de una recusación que tuvimos que hacerle a la juzgadora, porque participó en un elemento de prueba que entendemos la limita para conocer el proceso. Ella tuvo contacto con el dinero, con videos y con evidencias que ni siquiera la defensa ha tenido acceso”, explicaron los abogados.

En este contexto, sostuvieron que la participación de la jueza constituye un conocimiento previo del fondo del caso, lo que podría afectar su objetividad en la audiencia de medida de coerción.

Solicitudes del Ministerio Público

El Ministerio Público ha solicitado que Valdez Alcántara cumpla un año de prisión preventiva mientras se continúa la investigación. Según el órgano acusador, el procurador fue arrestado en flagrante delito la noche del pasado viernes 27 de marzo, durante una entrega controlada autorizada por un juez, en la que se le ocuparon los dólares señalados.

Se alega que inicialmente exigió la suma de US$200,000, que luego redujo a US$150,000 durante una negociación, en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y solicitó un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.

El imputado habría solicitado dinero a cambio de alterar el curso de las investigaciones bajo su responsabilidad. El caso es dirigido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha reiterado la política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del Ministerio Público.