El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidirá este martes si envía a juicio a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S, entre otros, por irregularidades en un contrato relacionado con la red de semáforos de El Gran Santo Domingo. La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público asegura haber probado todas las imputaciones contra Beras, Gómez y los demás acusados. Durante la audiencia, se mencionaron mensajes de WhatsApp que, según el Ministerio Público, evidencian que la licitación fue entregada a Gómez antes de que se materializara el proceso de licitación.

El abogado del Ministerio Público, Ortiz, destacó que estas acciones constituyen un esquema de defraudación al Estado dominicano, al favorecer a un proveedor con el que ya existían relaciones a cambio de beneficios económicos. Afirmó que esto justifica un auto de apertura a juicio.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó que se dictara un auto de apertura a juicio contra todos los acusados. La jueza Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Además de Beras y Gómez, también están procesados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, entre otros. La acusación incluye a varias personas jurídicas, como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S..

El Ministerio Público ha indicado que durante la investigación se encontraron pruebas de diversas líneas delictivas, que incluyen corrupción administrativa y fraude en contrataciones públicas. Estas irregularidades se habrían desarrollado principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.

La acusación sostiene que mediante contratos irregulares se otorgó acceso privilegiado a ciertas empresas, lo que permitió desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos. El eje central del esquema es Gómez, quien, según el Ministerio Público, mantiene vínculos con varias de las empresas involucradas.

La abogada de Beras, Ingrid Hidalgo, refutó los argumentos del Ministerio Público, señalando que la acusación carece de base probatoria sólida. Por su parte, Jochi Gómez calificó la acusación de “absurda” y rechazó los señalamientos de estafa al Estado dominicano.