La periodista Addis Burgos, en su programa Desclasificado, reveló que más del cincuenta por ciento de los partos en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina son de madres haitianas, lo que generó indignación y un debate sobre la carga presupuestaria del sistema hospitalario. Sin embargo, la conversación se centró en el costo de atención y no en la pregunta fundamental: ¿qué nación estamos construyendo mientras se acumulan facturas hospitalarias?

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2017, realizada por la Oficina Nacional de Estadística con apoyo del UNFPA, hay 570,933 inmigrantes en el país, de los cuales el 87% son haitianos, y 277,046 descendientes nacidos en suelo dominicano, sumando un total de 847,979 personas de origen extranjero. Esta cifra, que representa el 8.3% de la población, ha aumentado significativamente debido al colapso institucional en Haití y la migración acelerada en los últimos cinco años, estimándose actualmente entre 1.2 y 1.5 millones de personas de origen haitiano en el país.

La estadística del Servicio Nacional de Salud muestra que los partos de madres haitianas en hospitales públicos pasaron del 15.6% en 2014 al 35.9% en 2024, con un aumento notable en provincias como La Altagracia, Valverde, Montecristi y Elías Piña, donde los partos de haitianas superan a los de dominicanas. Mientras tanto, la tasa de fecundidad en mujeres dominicanas ha caído a 2.04 hijos por mujer, evidenciando una transición demográfica.

Es importante señalar que la diferencia en la fecundidad no es biológica, sino un fenómeno de desarrollo. Las mujeres dominicanas actualmente tienen más acceso a la educación y a métodos anticonceptivos, lo que ha llevado a una disminución en la tasa de natalidad. En contraste, la alta fecundidad de la inmigración haitiana refleja la pobreza en Haití, lo que implica que no solo se está cruzando una frontera, sino también una curva de natalidad asociada al subdesarrollo.

Proyecciones demográficas

Las proyecciones demográficas sugieren que, si se mantienen las condiciones actuales, para el año 2050 la población de origen haitiano en la República Dominicana podría alcanzar aproximadamente 3.1 millones, lo que representaría una de cada cinco personas en el país. Para 2075, esta cifra podría elevarse a 6.2 millones, y para 2100, rondaría los 10 millones, es decir, cuatro de cada diez habitantes.

En un escenario más adverso, con una migración neta de 50,000 personas anuales, el umbral del cincuenta por ciento podría alcanzarse hacia 2090. En un escenario optimista, con un control fronterizo efectivo, podría posponerse hasta más allá de 2150. Sin embargo, en el horizonte de los nietos de quienes hoy leen esto, la composición demográfica de la República Dominicana podría ser radicalmente diferente.

El silencio en torno a estas proyecciones es notable. La discusión pública se centra en los costos de atención médica, mientras que las preguntas estructurales sobre la demografía y el futuro del país quedan sin respuesta. Tanto la derecha como la izquierda evitan abordar la cuestión central, lo que permite que las tendencias demográficas continúen su curso sin ser cuestionadas.

Es fundamental reconocer que esta situación no es solo una cuestión de raza o cultura, sino una cuestión de Estado. La nación tiene el derecho y la obligación de gestionar su política migratoria y su composición demográfica. A su vez, la aritmética demográfica puede ser modificada mediante políticas migratorias efectivas y un proyecto de cooperación al desarrollo en Haití, ya que la situación en ese país impacta directamente en la frontera dominicana.

En un siglo, los historiadores del Caribe podrían asombrarse al revisar cómo la República Dominicana enfrentó este cambio demográfico silencioso, mientras sus contemporáneos se enfocaban en discutir el costo de los pampers.