Las recientes declaraciones de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP) han puesto en el centro del debate la deuda antigua de los contratistas estatales, generando confusión entre la depuración legal y la negación de derechos adquiridos. La FP sostiene que el proyecto que ordena el pago de esta deuda podría resultar en desembolsos millonarios por obras no contratadas de acuerdo a la ley.

Desde la perspectiva de numerosos contratistas agrupados en el Comité Institucional Codiano (CIC), esta postura es una generalización injusta, ya que no todos los contratistas en el proyecto se encuentran en la misma situación jurídica. Es conocido que entre los acreedores del Estado hay tres grupos de contratistas que enfrentan diferentes situaciones legales, lo que requiere mecanismos diferenciados para validar y reconocer las deudas que reclaman.

Existen obras que han sido ejecutadas, supervisadas y utilizadas por la población durante años, y reducir todo este contexto a «pagos ilegales» implica ignorar que el Estado también se beneficia de estas obras, lo que podría considerarse un enriquecimiento ilícito. La FP tiene razón al abogar por la transparencia y el control del gasto público, pero erran al convertir esta preocupación en una condena anticipada hacia contratistas que no son responsables del desorden administrativo estatal.

El debate sobre la deuda

El debate adecuado no debería centrarse en “pagar o no pagar”, sino en cómo depurar, sanear, validar y pagar conforme a la ley, que es precisamente lo que se plantea en el proyecto ya convertido en ley por la Cámara de Diputados. Este es el punto central que los contratistas del CIC han estado enfatizando: la necesidad de establecer mecanismos diferenciados para quienes tienen contratos formalizados, quienes ejecutaron obras por instrucciones administrativas y quienes han enfrentado la pérdida de documentos generados por el propio Estado.

No se puede permitir que el discurso político revictimice a ingenieros y contratistas que llevan años esperando el pago por obras ejecutadas. Es fundamental aclarar que la deuda antigua con los contratistas del Estado, representados en el CIC, no es un invento.

Más del 60% de esta deuda se originó durante gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de donde proviene la Fuerza del Pueblo, que ahora cuestiona su pago. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se puede cuestionar hoy una deuda que ellos mismos generaron y que tuvieron la capacidad de resolver?

Este no es un tema improvisado, ya que el proyecto fue debatido y aprobado por la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en una decisión del Congreso Nacional.