El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia ha señalado que el grave problema del tránsito en el país ha evolucionado de ser un simple asunto vial a convertirse en una clara manifestación de la falta de estructura estatal, de ley y de orden que afecta a la nación.

Según él, el tránsito en República Dominicana es una de las formas más evidentes de percibir esta situación.

Guerrero Heredia argumenta que el libertinaje del tránsito no es la causa del problema, sino más bien una consecuencia de la desestructuración del régimen de consecuencia y legal.

Esto implica que la falta de orden en las vías refleja un problema más profundo en la sociedad dominicana.

El especialista en conducta humana comparó las acciones de un motoconchista que transita en rojo y por las aceras con las de una conductora de yipeta que bloquea una intersección.

Para él, ambos comportamientos son igualmente irresponsables, aunque se tiende a culpar más a los motoconchistas, que suman 3.8 millones en el país.

Guerrero Heredia también criticó la tendencia de atribuir la culpa del problema del tránsito a los más desfavorecidos, señalando que esta es una parte de la nueva derecha popular.

En su opinión, esta visión simplista ignora las complejidades de la situación y el contexto social en el que se desarrolla.

Un enfoque multifactorial

El psiquiatra considera que el problema del tránsito es multifactorial, basado en tres causas fundamentales: el régimen de consecuencia, la falta de educación vial y la ausencia de ética y moral.

A su juicio, la solución a largo plazo no es viable ni rentable, lo que complica aún más la situación.

Guerrero Heredia propone que la solución debe ser a corto plazo, implementando un régimen de multas y consecuencias inmediatas.

Según él, estas medidas podrían mejorar sustancialmente el problema del tránsito en un período breve.

El especialista sugiere que se podría adoptar un enfoque similar al de Nayib Bukele en El Salvador, aplicando mano dura en el tránsito.

Esto, acompañado de una educación vial adecuada, podría regular el uso de motocicletas y vehículos en un plazo de tres a seis meses.