La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial parece ser ignorada por un sector específico del transporte: los motociclistas.

Muchos los consideran «dueños de las vías», mientras que otros los ven como anarquistas.

En la práctica, lo que debería ser un marco regulatorio del tránsito se ha convertido en un sistema donde estos conductores operan bajo una jurisdicción propia, ajena al ordenamiento jurídico de la República Dominicana.

La inobservancia de las normas por parte de los motociclistas es alarmante y se produce ante la mirada pasiva de los agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes deberían fiscalizar.

Infracciones y Consecuencias

En las principales provincias, es común ver a los agentes de la Digesett ignorar infracciones flagrantes, permitiendo que la ilegalidad se apodere de las calles.

El irrespeto a la luz roja del semáforo se ha vuelto la norma para los motociclistas.

Las señales de tránsito parecen ser meros elementos decorativos, creando un entorno de alta peligrosidad tanto para ellos como para los conductores de vehículos de cuatro ruedas, quienes enfrentan un riesgo constante.

La Ley 63-17 es clara en su artículo 251, que prohíbe a los motociclistas transitar sin casco protector, en grupos de más de dos en paralelo, o por túneles y pasos a desnivel.

Estas violaciones deberían ser sancionadas con multas y reducción de puntos en la licencia de conducir.

Un Problema Persistente

Conducir en una sola rueda es una práctica común entre los motoristas, a pesar de que la ley sanciona esta acción con multas significativas.

Además, la conducción en vía contraria se ha vuelto habitual, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Los espacios reservados para peatones, como las aceras, son utilizados como carriles alternos, obligando a los ciudadanos a arriesgarse al transitar por la calle.

La prioridad de estos conductores no es el orden, sino la ventaja individual.

La Digesett y el Intrant parecen ausentes ante este problema, mientras que las estadísticas indican que existen 3.5 millones de motocicletas en el país, representando el 57% del parque vehicular.

Esta situación no solo genera desorden, sino también una violación constante de las leyes.