La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de República Dominicana ha suspendido de manera preventiva a 300 funcionarios del Registro de Proveedores del Estado.

Esta medida busca prevenir conflictos de interés e irregularidades en los procesos de contratación pública.

El anuncio fue realizado por el director de la DGCP, Carlos Pimentel, quien explicó que esta es la primera vez en la historia de la institución que se toman acciones de este tipo.

Los funcionarios suspendidos no pueden suscribir contratos con el Gobierno debido a su condición de cargos públicos, lo que se enmarca dentro del régimen de incompatibilidad establecido por la ley.

Pimentel destacó que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas refuerza los mecanismos para evitar fraudes en la obtención de contratos estatales.

“Esto tiene pena privativa de libertad”, subrayó el funcionario.

Desde la creación de la DGCP en 2006, nunca se había remitido un caso a la Procuraduría General de la República (PGR), rompiendo con la inacción de administraciones anteriores.

Pimentel instó a los ciudadanos con conocimiento de hechos ilícitos a reportarlos a las autoridades competentes, especialmente si ocupan un cargo público.

En cuanto a la actividad de contratación, Pimentel informó que en el año pasado se gestionaron aproximadamente 65,000 procesos, lo que equivale a unos 300 diarios.

Para asegurar el cumplimiento de las normativas, se ha implementado un sistema de monitoreo regular.

El incumplimiento de estas normas puede resultar en la suspensión preventiva del proceso hasta que se realicen las correcciones necesarias.

A pesar de que los casos enviados al Ministerio Público representan un porcentaje mínimo (0.0001%) del total de contrataciones, Pimentel enfatizó que el objetivo principal es garantizar que el Estado adquiera bienes y servicios de manera correcta y eficiente.