La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció este viernes que suspenderá indefinidamente la docencia en Bonao a partir del lunes 16 de noviembre, si la Policía Nacional no ofrece disculpas públicas por los incidentes ocurridos durante una protesta frente a las oficinas de Edenorte.

Esta advertencia se emite a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) estableció en 2019 que las paralizaciones prolongadas de la enseñanza pública pueden vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes. Raúl Martínez, presidente de la seccional de la ADP en Bonao, condicionó la continuidad de las clases a una disculpa de la institución policial tras los enfrentamientos que se dieron cuando los manifestantes intentaban entregar un documento con sus reclamaciones.

Los educadores protestaban contra las altas facturas de electricidad, que, según denunciaron, oscilan entre 45,000 y 60,000 pesos mensuales. Durante la manifestación, se reportaron lanzamientos de objetos y bombas, aunque aún no se han esclarecido las circunstancias ni las responsabilidades de los incidentes.

Esta nueva amenaza se suma a la reducción de la jornada escolar que la seccional mantiene todos los viernes desde el 6 de noviembre. Bajo la consigna «Viernes de lucha», la ADP ha dispuesto que los estudiantes sean despachados a las 12:30 del mediodía, mientras los maestros permanecen en los planteles hasta las 3:00 de la tarde.

La decisión implica una pérdida de tres horas y media de docencia semanal para los alumnos de jornada extendida y de hasta cuatro horas para los de la tanda vespertina, según los horarios establecidos por el Ministerio de Educación. El impacto varía de acuerdo con el nivel educativo de los estudiantes.

La amenaza de paralización indefinida tiene como antecedente la sentencia TC/0064/19, dictada el 13 de mayo de 2019, en un conflicto entre la ADP de Barahona y padres de estudiantes afectados por suspensiones reiteradas de clases. En esa decisión, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de la ADP y confirmó una sentencia de amparo que ordenaba levantar la suspensión de la docencia.

El fallo también mantuvo una multa coercitiva de 50,000 pesos por cada día de incumplimiento de aquella orden judicial. El TC reconoció que los profesores tienen derecho a reclamar mejores condiciones laborales, pero estableció límites al ejercicio de la huelga cuando afecta gravemente la educación de niños y adolescentes.

La sentencia señala que la educación pública gratuita y obligatoria puede recibir la protección de un servicio esencial cuando las clases se suspenden de forma progresiva y prolongada. Además, establece que el derecho a la educación debe ser protegido frente a paralizaciones que impidan a los estudiantes recibir la enseñanza prevista en el calendario escolar.