La Policía Nacional detuvo a cinco personas en operativos en Santo Domingo y confiscó armamento de fabricación 3D. Este descubrimiento revela una red que fabricaba armas de fuego sin números de serie ni registros oficiales, lo que dificulta la identificación de sus fabricantes y su procedencia.
Las «armas fantasmas», que pueden ser ensambladas clandestinamente con piezas impresas en polímeros, tienen capacidad para disparar municiones convencionales y causar heridas mortales. Sin embargo, carecen de los elementos de identificación que permiten rastrear las armas de fabricación industrial.
Detalles de los operativos
Durante allanamientos realizados entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, las autoridades ocuparon seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 466 cápsulas, 26 cargadores, cinco armazones, 33 kits de ensamblaje y una impresora 3D. Uno de los principales investigados es el argentino Matías Antonio Barrera, detenido en el sector Nazareno, donde presuntamente utilizaba impresoras tridimensionales para fabricar armazones de polímero.
Además, la Policía identificó a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero, quienes permanecen prófugos y son considerados presuntos distribuidores vinculados a la comercialización de más de 20 armas de fuego. Las autoridades aún no han precisado cuántas de las armas ocupadas fueron fabricadas con componentes impresos en 3D.
Las armas convencionales suelen tener números de serie que permiten identificar al fabricante, mientras que las producidas clandestinamente pueden carecer de estas referencias. No obstante, es posible analizarlas mediante pruebas balísticas y técnicas forenses.
La impresión tridimensional permite la producción de componentes en viviendas y pequeños talleres, eludiendo los controles tradicionales de fabricación y comercialización de armas. Esto facilita el acceso a armamento de alto calibre a personas que de otro modo no podrían obtenerlo.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha advertido sobre los riesgos de la fabricación privada de armamento y la circulación de diseños digitales, así como las dificultades para identificar armas sin marcajes de fábrica. República Dominicana ya había sido identificada como destino de este tipo de armamento.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Robert Alcantara a 68 meses de prisión por traficar más de 100 armas fantasma hacia el país. Alcantara operó un taller clandestino entre 2017 y enero de 2022, ensamblando armas a partir de kits incompletos.
El Ministerio de Interior y Policía ha advertido sobre las prohibiciones aplicables a la fabricación ilegal de armas mediante impresión tridimensional, conforme a la Ley 631-16. Esta legislación sanciona la fabricación de armas sin autorización y establece controles sobre sus componentes.
