El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó este martes una reforma parcial de la ley eléctrica con el objetivo de atraer inversiones privadas y extranjeras al sector, que enfrenta una crisis agravada este año por el aumento de la demanda y la apertura petrolera. La aprobación se dio por unanimidad tras tres aplazamientos del debate definitivo.

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico permite que la generación de electricidad sea realizada no solo por la empresa estatal, sino también por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente. Esta modificación se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte del gobierno venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero.

Además, la reforma establece que las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas por un plazo máximo de 25 años. Este cambio busca incentivar la participación del sector privado en un área que ha sido históricamente controlada por el Estado.

La crisis eléctrica en Venezuela ha sido un tema recurrente, con apagones frecuentes y un servicio deficiente que ha afectado a la población. La reforma se presenta como una medida para mejorar la situación, en un contexto donde la demanda de electricidad ha aumentado considerablemente.

Con esta iniciativa, el gobierno espera no solo mejorar la infraestructura eléctrica, sino también estimular la economía a través de la inversión extranjera. La apertura a la inversión privada podría ser un paso significativo hacia la modernización del sector.

La aprobación de esta ley se produce en un momento crítico para el país, que busca diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo. La participación del sector privado podría ser clave para lograr estos objetivos.

En resumen, la reforma de la ley eléctrica en Venezuela representa un cambio importante en la política económica del país, con la intención de atraer inversiones que mejoren la crisis eléctrica actual y promuevan el desarrollo económico.