La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) canceló la licitación de RD$630 millones para la compra de ingredientes de habichuelas con dulce, que estaban destinados a la distribución de kits durante la Semana Santa de 2027. La decisión fue tomada en respuesta a la indignación pública por el gasto en un contexto de presión económica sobre los ciudadanos. La institución revisará la pertinencia y los costos de esta iniciativa.

La controversia se intensificó debido a la reciente subida del marbete, que aumentó de RD$1,500 a RD$2,000 para vehículos hasta 2021, y de RD$3,000 a RD$4,000 para los fabricados desde 2022. Este ajuste se estima que generará RD$1,175 millones adicionales, un incremento del 33.3% en un momento en que muchas familias enfrentan crecientes gastos. Los precios de combustibles, peajes y alimentos también continúan en aumento, afectando el presupuesto familiar.

Durante la semana del 7 al 13 de noviembre, por ejemplo, la gasolina premium y el gasoil óptimo aumentaron RD$4 por galón. En septiembre, el transporte, alimentos y educación representaron el 85.05% de la variación mensual del índice de precios al consumidor. A pesar de que la tarifa eléctrica oficial no ha aumentado desde 2022, muchos usuarios reportan facturas que se incrementan entre un 200% y un 600%, lo que genera desconfianza sobre la transparencia del sistema.

Hasta el 23 de octubre, el Estado había transferido RD$98,132.8 millones a las distribuidoras de electricidad, y se estima que esta cifra podría alcanzar RD$121,000 millones al cierre de 2026. Las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) rondan el 39%, y en julio, Edeeste reportó un alarmante 56.7%. La situación se complica aún más con un aumento del 3% en la nómina de las EDE en el primer semestre de 2026.

El subsidio eléctrico consume miles de millones, mientras que las pérdidas continúan creciendo. El Gobierno no ha logrado cumplir con la meta del Pacto Eléctrico de reducir las pérdidas a un máximo de 15%. Además, es necesario revisar la planificación de la generación eléctrica y los contratos de compra de energía, para garantizar un suministro adecuado a un costo sostenible.

La nómina pública también ha crecido considerablemente, alcanzando 773,025 empleados al cierre de 2025, un aumento de 33,804 respecto al año anterior. Este crecimiento plantea la interrogante de si se ha traducido en una mejora en la calidad de los servicios públicos. La percepción de ineficiencia persiste, y los ciudadanos demandan resultados tangibles por el dinero que se invierte.

A pesar de que la presión tributaria en la República Dominicana es considerada baja, muchas familias sienten que deben recurrir a servicios privados para suplir la falta de calidad en los públicos. Esto genera un círculo vicioso que limita el dinero disponible para necesidades básicas como alimentación y ahorro.

La reciente aprobación de un paquete fiscal para captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales ha reavivado el debate sobre la necesidad de una nueva reforma fiscal. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona por qué la conversación se centra en aumentar ingresos sin revisar la eficiencia del gasto público.

Antes de solicitar más a los ciudadanos, el Estado debe realizar una revisión exhaustiva de sus gastos y subsidios. El gasto tributario por exenciones se estima en RD$393,541 millones para 2026, lo que equivale al 4.54% del PIB. Cada uno de estos incentivos debe ser evaluado por sus resultados reales.