El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado este sábado a la Fiscalía tras su detención, en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza relacionada con Ueno bank, entidad en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión. Peña fue destituido el viernes en un juicio político por «mal desempeño de funciones», en medio de la crisis política provocada por el cierre de Ueno bank, que afectó a 2,94 millones de clientes.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro, acompañado de una reducida escolta policial, para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se reunía un pequeño grupo de ciudadanos. La comparecencia, originalmente programada en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue cambiada por «razones de seguridad».

El exmandatario, que no estaba esposado, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial debido a la presencia de personas en las cercanías de su vivienda que gritaban consignas en su contra. Tras su destitución, se emitió una orden de detención en su contra, que fue ejecutada por un grupo de la Policía y la Fiscalía en su residencia.

Además de Peña, los fiscales también solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del proceso de resolución de Ueno bank. Carvallo se presentó ante las autoridades la noche del viernes y fue arrestado.

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado que incluía a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió su participación en la empresa. Carvallo, por su parte, presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir la jefatura del BCP en 2023.

La Fiscalía ha imputado a 27 personas en relación con este caso, incluyendo a Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien fue trasladado a una cárcel para procesados junto a otros cinco directivos. La destitución de Peña ha desencadenado la sucesión en el Ejecutivo, que ahora está en manos del hasta ayer vicepresidente Pedro Alliana, quien juró el viernes para completar el periodo presidencial hasta 2028.