El Ministerio Público interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia que modifica las condenas de 10 años de prisión a los acusados de integrar una red criminal que alteraba los registros de antecedentes penales de cientos de personas, desmantelada en la Operación Gavilán. Esta acción se dirige contra la decisión de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que acogió recursos de apelación de las defensas de los imputados.

El tribunal de primera instancia había condenado a los acusados a 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos. Sin embargo, la nueva sentencia reduce la pena de Luis Peña Cedeño a dos años de reclusión en arresto domiciliario y la de Pilar Yrenes Medina Trinidad a cinco años, tres de los cuales serán en arresto domiciliario.

José Ramón Quezada Carmona también cumplirá cinco años, con las mismas condiciones de arresto domiciliario y suspensión de dos años. El tribunal advirtió que cualquier incumplimiento de las reglas impuestas podría resultar en el cumplimiento total de la pena suspendida.

Los condenados Medina Trinidad y Quezada Carmona deberán pagar una multa de 100 salarios mínimos, mientras que Peña Cedeño deberá abonar 40,000 pesos dominicanos. La corte también absolvió a Víctor Gilberto Mercedes Gómez de toda responsabilidad penal.

El Ministerio Público argumenta que la decisión del tribunal de alzada se basa en una interpretación incorrecta de la ley. En el juicio anterior, se demostró la existencia de una estructura criminal que alteraba datos en la base de datos del Ministerio Público, facilitando beneficios ilícitos a quienes buscaban limpiar sus antecedentes penales.

Los acusados, incluidos empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría, cobraban entre 8,000 y 30,000 pesos por cada operación ilícita para modificar registros penales. Se identificaron 16,958 alteraciones de documentos, afectando a numerosas personas que buscaban evadir la justicia.

La actividad delictiva no solo comprometió la seguridad del sistema de justicia, sino que permitió a los implicados obtener documentos oficiales, burlando controles migratorios. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron consideradas contundentes, demostrando la participación activa de los acusados en el esquema criminal.

Entre los principales investigados se encuentran Joel Ambiorix Pimentel García y José Hamilton Ureña, vinculados a casos de crimen organizado. La situación de «La J», quien fue liberado en España tras enfrentar múltiples acusaciones, también se menciona en el contexto de esta red criminal.