El Ministerio Público anunció que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la decisión de un tribunal de apelación que modificó las condenas a varios miembros de la red criminal desmantelada en la Operación Gavilán, que alteraba antecedentes penales de cientos de personas. Este recurso de casación se presentará contra la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, al considerar que los jueces interpretaron incorrectamente la ley.

La corte, compuesta por los jueces Daneira García Castillo, July Tamariz y Pedro Nolasco, modificó las sanciones impuestas por el tribunal de primera instancia, aceptando total o parcialmente los recursos de los abogados de los procesados. En 2022, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había condenado a 10 años de prisión y multas a Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño.

La sentencia de primera instancia también inhabilitó a Peña Cedeño para ocupar cargos públicos durante cinco años. Sin embargo, la Corte de Apelación modificó las sanciones, estableciendo que Peña Cedeño cumplirá dos años de arresto domiciliario y una multa de RD$40,000.

Medina Trinidad y Quezada Carmona recibirán cinco años de prisión, con tres años en arresto domiciliario y dos suspendidos bajo condiciones, además de una multa de 100 salarios mínimos del sector público. Mercedes Gómez fue absuelto, quedando sin responsabilidad penal en este proceso.

La corte también impuso condiciones a Medina Trinidad y Quezada Carmona, quienes deberán residir en las direcciones informadas al tribunal y abstenerse de viajar al extranjero o portar armas. Si incumplen estas condiciones, deberán cumplir los dos años de prisión suspendidos.

Otras condenas incluyeron a Mártires Rosario Reyes con siete años de prisión, Alfredo Mirambeaux con ocho años, y Rubén Darío Morban y Luis Alfredo Astacio Polanco con seis años cada uno. El tribunal también ordenó la disolución de la empresa Nexcon Tecnology por su vinculación con el lavado de activos.

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que la red accedía ilegalmente a los sistemas de la Procuraduría General de la República para borrar y modificar antecedentes penales. Los miembros de la red recibían dinero a cambio de eliminar esos registros, facilitando así la obtención de documentos oficiales y evadiendo controles migratorios.

El Ministerio Público presentó diversas pruebas, incluidos testimonios y evidencias digitales, para sustentar la acusación. La institución considera que estas acciones afectaron la seguridad jurídica y el sistema de justicia penal en el país, permitiendo que personas vinculadas a delitos evadieran los controles establecidos.