Decenas de familias de la parcela 5B del Cruce del Limón, en Samaná, denunciaron amenazas de desalojos arbitrarios por parte de policías y representantes del Ministerio Público. Aseguran que poseen títulos y sentencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior de Tierra que respaldan su propiedad sobre los terrenos que han ocupado desde su nacimiento.

Los afectados, que suman más de 300 personas, afirman que las autoridades locales están coludidas para despojarlos de sus tierras, las cuales han heredado de sus padres. Durante una manifestación en el Palacio de Justicia y en la Procuraduría General, expresaron su preocupación por los abusos que han sufrido.

Testimonios de los afectados

Entre los testimonios, destaca el de Juvenal Pimentel, de 72 años, quien recordó que su familia ha vivido en el terreno por generaciones. «Aquí hemos vivido siempre; mi mamá murió a los 92 años y mi abuelo a los 106. Ahora se aparecen diciendo que son los dueños y nos quieren sacar a punta de pistola», manifestó con indignación.

Otras voces se unieron a la protesta, como Rosa Demorizi Morel, Ladisla Morel, Gloria Matos y Andrea Morel de Calcaño, quienes denunciaron el acoso constante de patrullas policiales que amenazan sin contar con resoluciones judiciales.

El abogado Pedro Julio de la Cruz señaló que se utilizan bandas para intimidar a los propietarios de las tierras. Además, informó que algunos de ellos han sido detenidos y se les han abierto expedientes sin justificación legal.

De la Cruz y Matos afirmaron tener sentencias firmes que respaldan los derechos de los denunciantes como herederos de Ramona y Vinicio Calcaño. A pesar de contar con fallos a su favor, el abogado explicó que han surgido nuevos recursos ante la Suprema Corte de Justicia por parte de quienes buscan reclamar las tierras.

Los afectados denunciaron que estos sectores actúan al margen de la ley, ignorando las sentencias existentes y utilizando la fuerza pública para restringir su libre tránsito y el trabajo en sus tierras.

Finalmente, las familias hicieron un llamado urgente al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia para que intervengan y frenen los abusos de poder en Samaná, garantizando el respeto a sus derechos adquiridos.