La financiación para adaptarse al cambio climático, la transición energética y la protección de los bosques amazónicos serán las prioridades de Latinoamérica en la COP31, que se llevará a cabo en Antalya, Turquía. La región enfrenta una contradicción entre los avances ambientales y la fuerte dependencia de los combustibles fósiles.

La cumbre del clima de Belém, Brasil, en noviembre de 2025, concluyó con un acuerdo para movilizar 300,000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo hasta 2035, en el marco de una meta más amplia de 1,3 billones de dólares. También se impulsó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), con el objetivo de captar 125,000 millones de dólares para la conservación de las selvas tropicales.

La financiación para enfrentar el cambio climático es crucial, especialmente para Centroamérica y el Caribe, que son vulnerables a sequías, inundaciones y huracanes. Estos países requieren más fondos para fortalecer sus infraestructuras y proteger a las comunidades en riesgo.

Guatemala ha recibido dos millones de dólares para su fondo nacional de cambio climático y ha implementado incentivos forestales que han permitido recuperar más de 20,000 hectáreas de bosques. Honduras, uno de los países más afectados, solicita mayores recursos debido a la alerta roja declarada por la prolongada sequía causada por El Niño.

República Dominicana ha desarrollado una plataforma nacional de financiación climática y ha obtenido préstamos internacionales superiores a 600 millones de dólares para proyectos de acción climática y restauración de ecosistemas. Perú, por su parte, busca ampliar la cooperación para enfrentar fenómenos climáticos y realizó la primera transferencia de resultados de mitigación a Suiza bajo el Acuerdo de París.

A pesar de los esfuerzos por reducir emisiones, muchos países aún dependen económicamente del petróleo y el gas. Brasil, por ejemplo, obtiene el 88,2 % de su matriz energética de fuentes renovables, pero también está expandiendo su producción petrolera.

En México, el Gobierno planea aumentar la participación de energías limpias del 23,4 % al 38 % en 2030, mientras que fortalece la petrolera Pemex. Argentina combina el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos, con el avance en energías renovables.

Desafíos en la protección de los bosques

La protección de los bosques, especialmente de la Amazonía, es otro tema crucial para la región. La COP30 dejó una hoja de ruta impulsada por Brasil para detener la deforestación, aunque su implementación dependerá de la financiación y acciones de los países involucrados.

Brasil, que alberga la mayor parte de la Amazonía, juega un papel central en este desafío, junto a Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana. En Bolivia, el Gobierno ha propuesto una estrategia para convertir la Amazonía en un motor de desarrollo sostenible.

En Perú, las organizaciones indígenas advierten sobre los riesgos de flexibilizar las normas de protección de tierras forestales, mientras que Ecuador ha perdido 1,5 millones de hectáreas de cobertura forestal en 41 años. Venezuela enfrenta un aumento de la deforestación relacionado con la expansión agrícola y la minería ilegal.

Guyana busca proteger el 30 % de sus ecosistemas terrestres y marinos para 2030, resaltando el valor de sus más de 18 millones de hectáreas de bosques como reservorio de carbono. La situación actual refleja la complejidad de equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental en la región.